Familiares de los 16 migrantes guatemaltecos y uno de El Salvador asesinados en Camargo, Tamaulipas, hace tres años, denunciaron que aún esperan la reparación del daño por parte de las autoridades y la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso.

Resaltaron que 11 niños y adolescentes quedaron huérfanos, luego del asesinato de las personas a manos de 12 policías estatales, de los que 11 fueron sentenciados a 50 años de prisión y uno pasará 19 años en la cárcel por estos hechos.

No obstante, los afectados y agrupaciones civiles señalaron que las investigaciones no han seguido para determinar la responsabilidad de 12 mandos superiores.

La gran ausente en este caso ha sido la Fiscalía General de la República (FGR), pues ha sido omisa en investigar al Instituto Nacional de Migración (INM), debido a que se acreditó que en uno de sus vehículos fueron transportadas las víctimas.

Una veintena de agrupaciones de familiares, organizaciones civiles de México y Centroamérica también hicieron un llamado a las autoridades para que la reparación del daño se realice, como prometieron en febrero de 2021 y como establece la Ley General de Víctimas para aplicar medidas de rehabilitación, satisfacción, no repetición y compensación.