Al responder a la Fiscalía General de la República (FGR), que impugnará la libertad condicional de ocho militares vinculados con el caso Ayotzinapa –a los que se concedió un amparo en contra de la prisión preventiva oficiosa que se les había dictado–, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), al igual que la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), defendió la actuación de la jueza que emitió el fallo y recalcó que la fiscalía no objetó la medida.

Dichos efectivos castrenses se mantienen sujetos a un procedimiento penal por el delito de desaparición forzada, aclaró el CJF, al tiempo que son sujetos a una serie de medidas cautelares que no son privativas de la libertad.

Tendrán que realizar la presentación periódica quincenal los días uno y 16 de cada mes, ante el juzgado de distrito; la exhibición de una garantía económica por 50 mil pesos; la prohibición de salir del país entregando al juzgado, en su caso, el original de su pasaporte; la prohibición de acercarse al lugar de los hechos, específicamente el estado de Guerrero, y la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con víctimas o testigos protegidos, siempre que no afecte el derecho de defensa.

También explicó que luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano por la inconvencionalidad del artículo 19 constitucional, que prevé la figura de la prisión preventiva oficiosa, únicamente los militares interpusieron recurso de revisión, no así la fiscalía. Recalcó que la jueza concedió imponer medidas no privativas de libertad, al considerar que la fiscalía no había aportado datos de prueba que justificara su idoneidad y pertinencia.

Por separado, la Jufed defendió que la jueza y magistrados no otorgaron una ventaja indebida a los militares y coincidió con el CJF en que no han sido exonerados y deberán continuar con el proceso, hasta que se decida si son culpables o inocentes.

Asimismo, afirmó que la FGR y las víctimas aún disponen del recurso de apelación contra la decisión de la jueza, en la que pueden demostrar que sí justificaron la necesidad de la prisión preventiva. En caso de que la apelación les resultara adversa, las víctimas tendrían el derecho de acudir al juicio de amparo con el mismo propósito.

Subrayó que si la fiscalía o las víctimas consideran que con el comportamiento que observen los militares se genera peligro de que se fuguen, de que hay riesgo para las víctimas o los testigos o de que se ponga en riesgo la buena marcha del proceso, podrán solicitar nueva audiencia para que, si lo justifican, sean sometidos de nuevo a prisión preventiva.