La administración del Instituto Nacional de Migración (INM) fue omisa ante las numerosas irregularidades de la empresa Grupo de Seguridad Privada Camsa, cuyo personal estaba a cargo de la seguridad de las instalaciones del organismo en 23 estados y a la que le fue rescindido el contrato tras el incendio que dejó 40 muertos en la estación migratoria de Ciudad Juárez en marzo del año pasado.

Según se desprende de los resultados de auditorías realizadas por el Órgano Interno de Control (OIC) del INM –representante de la Secretaría de la Función Pública (SFP) al interior del instituto–, la empresa incumplió requisitos administrativos, no contrató a suficiente personal y no lo dio de alta ante el IMSS, además de que dejó cientos de turnos sin cubrir, entre otras anomalías.

No obstante los incumplimientos registrados en 2022, el INM no acreditó que haya impuesto en su momento las sanciones correspondientes, pero sí volvió a contratar a la empresa para 2023 con un contrato aún mayor que el año previo.

En 2022, el INM adjudicó de manera directa un contrato a Camsa por 165 millones de pesos por el servicio de seguridad y vigilancia en sus instalaciones en distintos puntos del país.

En 2023, la empresa volvió a ser contratada por la vía de la adjudicación directa y por hasta 190 millones de pesos para brindar seguridad a estaciones migratorias en 23 estados.

Pocos días después de la tragedia, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, anunció que el contrato de Camsa sería revocado, lo mismo que su permiso de empresa de seguridad privada, pues se había detectado que sólo tenía reportados a cuatro empleados con 10 uniformes, pero el contrato con el INM era de 503 elementos en 23 estados, entre otros problemas.

El instituto no aplicó sanción alguna

Los resultados de auditorías con las que se revisaron los contratos del INM con Camsa dan cuenta de incumplimientos del proveedor, pero también de la administración del instituto.

Por ejemplo, los auditores detectaron que en 2022 Camsa no registró ante el IMSS a 197 de los 410 trabajadores que tenía en Chiapas, Veracruz y Quintana Roo, pero el INM no aplicó pena alguna.

Camsa dejó sin cubrir ese año, por falta de personal, 489 turnos de vigilancia en Chiapas y Quintana Roo, donde no había un registro completo del parte de novedades con nombres y firmas de los elementos de seguridad privada. El INM tampoco impuso sanciones.

En 2023, Camsa no tenía dados de alta ante el IMSS a 143 de los 353 trabajadores asignados para la vigilancia del INM en Quintana Roo, Chiapas y Veracruz, y dejó de cubrir mil 82 turnos en esos estados. Las autoridades del instituto sólo hicieron los trámites sancionatorios en abril, cuando el contrato estaba rescindido y las auditorías estaban en marcha.

Como ha publicado este diario, la Fiscalía General de la República (FGR) investiga a Camsa a partir de una denuncia de la SSPC por delitos como haber falsificado datos para prestar el servicio de seguridad privada en todas las instalaciones del INM.

Las indagatorias podrían resultar con responsabilidades penales para algunos funcionarios de Migración, particularmente quienes firmaron los contratos con Camsa, tres de cuyos empleados se encuentran sujetos a proceso penal por los hechos de Ciudad Juárez.