La Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública tienen a su cargo la fiscalización y vigilancia del gasto y el ejercicio públicos, pero no garantizar el acceso a la información y la protección de datos personales, aseguró la comisionada Julieta del Río.

Ante la insistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador de que presentará una iniciativa para desaparecer el instituto y otros organismos autónomos, a los que señala de inútiles, costosos y haber sido creados para legalizar la corrupción, la comisionada afirmó en las redes sociales que el instituto sirve a los ciudadanos y tiene por mandato garantizar el acceso a la información pública y la protección de datos personales de las y los mexicanos.

Ante la posibilidad de que la iniciativa del Presidente traslade las funciones del INAI a la SFP o la ASF, la comisionada señaló que la SFP es la dependencia encargada de diseñar, planear, ejecutar y coordinar las políticas públicas en materia de control interno y la evaluación del gobierno federal. Sus funciones son inspeccionar el uso del gasto público y expedir las normas.

La ASF es la entidad fiscalizadora de nuestro país. Tiene como función la fiscalización del gobierno federal, realizando auditorías a todo órgano, dependencia, institución, estado o municipio que maneje recursos públicos o federales, añadió.