Tras una investigación sobre la muerte de cuatro trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) en un enfrentamiento con sujetos armados en San Juan del Río, Querétaro, el 13 de agosto de 2020, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que la paraestatal incumplió su responsabilidad de prevenir riesgos y brindar seguridad, ya que la zona estaba considerada de incidencia de tomas clandestinas para el robo de combustible.

En la recomendación 250/2023, dirigida al director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, expuso que las cuatro personas –quienes laboraban en la Subdirección Salvaguardia Estratégica– fueron enviadas a laborar a la comunidad Cazadero sin el resguardo de la Guardia Nacional u otra corporación de seguridad, ante la falta de coordinación institucional para que les brindaran protección, y tampoco se realizó una evaluación objetiva del riesgo que enfrentaban en la zona donde desempeñaban sus funciones.

Lo anterior, sostuvo, incumple lo señalado en el Estatuto Orgánico de la paraestatal y vulnera con ello el derecho humano de las víctimas a tener condiciones de seguridad en el trabajo.

La CNDH también acreditó que las personas carecían de equipo tecnológico suficiente para incidentes como el que sufrieron, porque las videocámaras de las camionetas que tripulaban no tienen almacenamiento que evite la pérdida de la evidencia del material registrado, en caso de incendio o destrucción del vehículo.

Ante ello, solicitó a Romero Oropeza reparar el daño integral, dar seguimiento a la denuncia que se presente ante la Unidad de Responsabilidades de Pemex y colaborar en la investigación que se inició por el homicidio de las víctimas en la Fiscalía General de la República.