El anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de que el próximo 5 de febrero presentará una reforma al sistema de pensiones, donde plantea desaparecer algunos organismos autónomos para financiar las aportaciones a los trabajadores, provocó reacciones encontradas en las cámaras del Congreso.

Mientras el coordinador de Morena en el Senado, Eduardo Ramírez Aguilar, advirtió que su bancada va por la revisión de cada una de esas instancias, toda vez que fueron creadas por PRI y PAN en sexenios pasados para restar facultades y debilitar al Estado, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de San Lázaro, Juan Ramiro Robledo (Morena), sostuvo que no se pueden extinguir todos.

En entrevista, el diputado señaló que hay algunos muy importantes que son un sostén constitucional del país, como el Banco de México, el Inegi y el INE. En estos, subrayó, ni pensar en desaparecerlos; lo importante son las reformas laborales y del Poder Judicial.

En el caso del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, (INAI) precisó: yo no he escuchado que trate eliminar a todos los organismos institucionales. Hay uno respecto al cual él ha sido muy insistente por su inoperancia y vacuidad, que es el INAI.

Ramírez Aguilar mencionó, además del INAI, que se revisarán otros entes autónomos responsables de otorgar permisos a empresas privadas para la explotación del petróleo y la generación de electricidad o para autorizar concesiones de radio y televisión.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, consideró difícil que se pueda nombrar en el próximo periodo de sesiones –empieza el primero de febrero– a los tres comisionados pendientes del instituto de transparencia.

Consideró que se requiere revisar y ajustar el funcionamiento de otros de esos órganos, que duplican funciones con dependencias del gobierno federal, como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Inegi e incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

En el caso de esta última, detalló, habría que hacer algunas acotaciones, porque el juicio de amparo le da garantías a cualquier persona de otorgarle la suspensión provisional o definitiva del amparo y la protección de la justicia federal. Incluso, dijo, la Fiscalía General de la República y las estatales no deberían ser autónomas.

PRI y PRD aseveraron, por separado, que esas iniciativas no pasarán.