La Fiscalía General de Justicia (FGJ) informó que en total 120 inmuebles han sido investigados como parte de las indagatorias por corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez, de los cuales se han asegurado 40 y se ha logrado la devolución de tres edificios en las colonias Narvarte, San José Insurgentes y Pedregales, con más de 80 millones de pesos recuperados.

De acuerdo con las averiguaciones y las declaraciones de un segundo empresario que se acogió a un criterio de oportunidad –testigo protegido– el nivel de impunidad con que se operaba en estos casos, planeados y ejecutados desde la alcaldía, los llevó a dar recibos.

Se trataba de una garantía que daban a la gente que estaba siendo presionada para obtener un beneficio con el fin de evitar visitas de verificación, levantar una suspensión de actividades o construir más niveles o metros de los permitidos, entre otras irregularidades.

Uno de los recibos que se extendieron fue por 5 millones de pesos por una licencia de más de 8 mil metros cuadrados de construcción para un inmueble ubicado en Insurgentes Sur, colonia Del Valle, donde se construyeron más de 43 mil metros cuadrados.

Dicho documento, firmado por Alejandro N, ex coordinador de ventanilla única, quien ya es investigado, “hace ver que la delegación –en esos años gobernada por Jorge Romero Herrera, de acuerdo con la fecha del recibo– solapó ese proyecto”, indica la denuncia.

Se trataba de un modus operandi recurrente

El plan de obra no contó con la manifestación de impacto ambiental ni de impacto urbano necesarios para iniciar los trabajos desde el día uno, existiendo incluso situaciones de índole constructivo que la propia delegación solapó también.

Todo esto, de acuerdo con las declaraciones del empresario, hace constar los actos para los cuales el desarrollador está sujeto a la delegación o alcaldía Benito Juárez antes, durante y al terminar un proceso de construcción, siendo una medida recurrente desde hace años el solicitar apoyos como forma de protección para evitar sanciones y multas.

Comentó que dicho recibo se le dio por equivocación, cuando fue a recoger el que amparaba 425 mil pesos, la mitad de la protección pagada por una obra que desarrolló en José María Rico 146, colonia Actipan, y le entregaran la autorización de uso y ocupación.

La FGJ señaló se ha sancionado a 10 ex servidores públicos y en dos casos ya se logró una condena por enriquecimiento ilícito contra los ex directores Jurídico y de Gobierno, Luis Vizcaíno, y de Obras y Desarrollo Urbano, Nicias René Aridjis, pero las investigaciones continúan.

Por su parte, el ex alcalde Santiago Taboada afirmó que a mí no me han podido comprobar nada, ni me van a comprobar.