or él anunciada en reiteradas ocasiones, por fin el presidente López Obrador fijó fecha para enviar al Congreso la tan necesaria reforma al Poder Judicial –y algunas más–, con el fin de que esta institución deje de ser una cueva donde todo se negocia –siempre en beneficio de la minoría rapaz– y todo se cobra –en el de muchos de sus integrantes–, se encubre y discrecionalmente se viola la Constitución. Tal reforma es urgente, porque, como dice el mandatario, hay que dejar a un lado la simulación y que de verdad haya un Estado de derecho, no de chueco.

Y la fecha fijada es significativa y conlleva un claro mensaje a quienes están obligados a defender los intereses del país –aunque regularmente atentan en contra de ellos–, pues no es otra que el próximo 5 de febrero, cuando se conmemorará el 107 aniversario de la promulgación de la Constitución que rige –o debe hacerlo– a los mexicanos y a las instituciones del Estado.

López Obrador dio detalles: de una vez les voy a dar a conocer que en esta ocasión no voy a asistir el 5 de febrero a Querétaro, día de la Constitución, porque vamos a conmemorar ese día aquí, en el recinto histórico donde se aprobó la Constitución de 1857, y voy a presentar todas las iniciativas de reforma a la Constitución aquí. Es un paquete de iniciativas que tiene que ver con el bienestar, que tiene que ver con salarios, con pensiones, con la reforma al Poder Judicial, la reforma electoral, la democracia, todo en esa fecha.

Probablemente sea el último paquete de reformas que presentará en su último año de mandato (que incluye la citada del Poder Judicial, más el tema salarial, pensiones, lo de Bienestar, electoral y algunas más), pero el que planea presentar el próximo 5 de febrero es importante y en beneficio del pueblo de México. Es lo que, pensamos nosotros, va a ayudar a tener un marco jurídico acorde con los nuevos tiempos, que facilite el que siga avanzando el proceso de transformación, que se haga realidad la democracia y que nunca más el gobierno esté al servicio, ni las leyes, de una minoría. Que podamos reivindicar a los trabajadores, luego de esas reformas que aprobaron en el periodo neoliberal, que son contrarias a los derechos laborales. No sé cómo se aprobó eso, esa reforma de pensiones, en donde un trabajador termina su vida laboral y su pensión no es ni siquiera la mitad de su sueldo. Eso es lo que queremos resolver hacia adelante, que el trabajador se jubile y reciba como pensión su sueldo de cuando se jubiló, el 100 por ciento. ¿Qué pasó? ¿Fallaron las proyecciones? ¿Los actuarios hicieron mal las corridas financieras o era una política deliberada en contra de los intereses de los trabajadores? Y así otras cosas.

Sin entrar en mayores detalles y con un claro mensaje al duopolio de los ferrocarriles en México, el mandatario dijo, así, de pasadita, como quien patea un bote, que más allá de la relativa al Poder Judicial, otra de las iniciativas que enviará al Congreso tiene que ver con la operación de los trenes de pasajeros en el país, reactivar de nuevo su funcionamiento, pero eso no significa expropiación, porque está contemplado en la legislación, son algunos cambios que se tienen que hacer. Las vías de carga se pueden utilizar para trenes de pasajeros, desde luego, hay que arreglarlas, pero se tiene todo el derecho de vía, que es de dominio público, todo el derecho de vía para trenes de pasajeros, y eso es lo que se va a hacer.

Por cierto, sobre el tajante rechazo del máximo tribunal del país a la petición de la flamante ministra Lenia Batres (registrarla en el Issste y reducir sus emolumentos a un nivel inferior a la percepción salarial del Presidente de la República, como lo ordena la Constitución, algo que sistemáticamente ha ignorado la burocracia dorada del Poder Judicial), López Obrador dijo que no está bien que den ese mal ejemplo los ministros de la Suprema Corte, porque tienen como encargo la aplicación de la Constitución. Si ellos no la respetan en la letra y en el espíritu, en la forma y en el fondo, y empiezan a retorcer los ordenamientos legales como si se tratara de cualquier abogado huizachero, pues no ayuda a que se establezca un auténtico Estado de derecho.

Las rebanadas del pastel

Xóchitl Gálvez busca mugre en casa ajena, cuando en la propia hay boñiga para repartir, como el cártel inmobiliario y el mafioso convenio coahuilense entre priístas y panistas, por citar sólo un par de casos. Entonces, primero que limpie su pocilga y después exija cuentas a los de enfrente.

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