ras los ataques delictivos y las revueltas carcelarias de días recientes, el gobierno ecuatoriano, encabezado por Daniel Noboa, emprendió una guerra en forma contra la delincuencia. Con el beneplácito mayoritario de la sociedad, harta de la creciente inseguridad que se abate sobre el país en los últimos años, las fuerzas militares se desplegaron por todo el territorio que fueron capaces de abarcar y han realizado ya centenares de detenciones y el presidente ha acelerado su plan de construir megaprisiones al estilo salvadoreño para llenarlas con los cerca de 20 mil individuos que, según las fuentes gubernamentales, conforman las dos principales mafias ecuatorianas.
Dice el sentido común que una declaración de guerra debe ser el último de los recursos para resolver cualquier asunto: quien la emite conoce la fecha de inicio, pero no puede saber cuándo terminará, ni cómo. Y en el caso ecuatoriano, parece ser que a casi nadie se le ha pasado por la cabeza la posibilidad de ensayar una vía distinta, pese a que hay una razón clarísima para intentarlo: la crisis de inseguridad y el estallido delictivo coinciden con mucha precisión en el tiempo con el desmantelamiento del modelo de bienestar impulsado durante los gobiernos de Rafael Correa.
No se puede desvincular la proliferación de bandas armadas de la reimplantación brutal del neoliberalismo, primero por Lenín Moreno y después por Guillermo Lasso. La tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes subió de seis a 46 precisamente durante las administraciones de esos dos personajes. Y en el país que sea, la violencia delictiva es hija de la pobreza, el desempleo y la pérdida de derechos esenciales por parte de los sectores más desamparados de la población.
Con este telón de fondo, Noboa se ha colocado, en el arco de las estrategias punitivas y represivas, algún punto entre los aparentes éxitos de Nayib Bukele y la desastrosa guerra de Felipe Calderón, seguramente pensando que correrá con la buena suerte del primero, pero sin ninguna garantía de que no se concrete un horror semejante al que desató la decisión criminal del segundo.
En todos los casos hay corrientes de opinión favorables a la neutralización de los infractores, incluso mediante la violación de derechos humanos, y hasta de su eliminación física. Bastaba con leer en redes sociales las exaltadas exigencias de pena de muerte –y de aplicación de tortura– contra los infelices que tomaron el canal televisivo TC. Más de alguno pedía exterminar a individuos de esa clase como a una plaga de cucarachas
. Así que de golpe, la ofensiva criminal que se desató en días recientes le puso en las manos a Noboa una razón de gobierno que parece perentoria, urgente y de obvia necesidad –acabar con la delincuencia–, una oportunidad inestimable para acrecentar su popularidad y hasta una circunstancia propicia para recibir el respaldo de gobiernos extranjeros y hasta de sus rivales políticos, como, paradójicamente, el propio Correa.
Venga, pues, la guerra.
Pero la persecución (y la neutralización o asesinato) de delincuentes termina siendo una guerra contra los pobres. Desde luego, las fuerzas del orden no van a realizar razias en los exclusivos barrios quiteños de Tumbaco o La Carolina, ni en Puerto Santana o Samborondón, en Guayaquil, sino en las barriadas de Nueva Prosperina, La Mariscal o Monte Sinaí. Y como la guerra contra la criminalidad es el tránsito del bisturí policial al machete militar, muchos inocentes van a caer presos o serán torturados o ejecutados, exactamente como ocurría en la guerra de Calderón –las tristemente célebres bajas colaterales
– y como ocurre en El Salvador en el gobierno de Bukele, donde se han documentado no pocos casos de prisioneros asesinados a golpes en las megaprisiones y muchos más de personas que han permanecido en ellas durante años sin juicio y sin acusación formal de por medio.
Luego, ocurre que la guerra de Noboa no es contra chinos, ni contra mexicanos, ni contra extraterrestres, sino contra ciudadanos ecuatorianos y es, por ende, fratricida. Dejará heridas de casi imposible curación en el tejido social, desbordará las poblaciones carcelarias –en un país en el que la sobrepoblación de las prisiones ha sido precisamentre uno de los motivos de motines y descomposición del sistema penal– y la justicia se extraviará por los caminos de la venganza y el linchamiento. Y degradará al Estado agregándole acentos autoritarios y arbitrarios que a la larga terminarán por volverse contra la ciudadanía en general.
Lo cierto es que no parece haberse puesto sobre la mesa, antes de emprender la aventura bélica, la posibilidad de cambiar la política económica generadora de delincuencia, promotora de conductas antisociales y multiplicadora de pobreza y marginación. Ciertamente, es un camino largo, arduo y mucho menos espectacular y mediático que el despliegue de tanquetas en calles y avenidas.
Todo gobierno tiene la obligación de proteger a la población y de combatir la inseguridad y la violencia. Pero la guerra es el último recurso.
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