El grupo de Morena en el Senado llevará a cabo los próximos días 30 y 31 su reunión plenaria, en la que aprobarán la agenda prioritaria para el próximo periodo de sesiones, que deberá incluir las iniciativas anunciadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, entre ellas la reforma al artículo 123 constitucional en materia de pensiones.

La presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera Rivera, informó que se trabaja en los temas para ese periodo (que comienza en febrero y concluye en abril), ya que es el último de la legislatura, y además de las iniciativas de interés para el Ejecutivo federal, se tienen que aprobar los nombramientos pendientes, así como las principales minutas.

El periodo concluirá con una agenda muy dinámica, que habrá de completar las más de 50 reformas constitucionales que se aprobaron de 2018 a la fecha a fin de garantizar la protección y apoyo del Estado a los grupos más vulnerables, entre las que destacan, recalcó, el derecho a la pensión universal para adultos mayores, las becas a los jóvenes, así como las que reciben que niños y jóvenes con alguna discapacidad.

En cuanto a los más de 150 nombramientos rezagados, Rivera Rivera Rivera comentó que se buscarán los consensos entre Morena y la oposición, ya que medio centenar de magistrados de las salas Superior y regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), así como de tribunales locales, deben ser nombrados antes de que finalice ese periodo.

La presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, comentó que insistirá en que se incluya en la agenda prioritaria las reformas pendientes para regular la cannabis y otras más que garanticen una vida libre de violencia para las mujeres, entre ellas la que recién presentó para erradicar el acoso y hostigamiento sexual contra quienes trabajan en dependencias e instituciones públicas.

Desde la Junta de Coordinación Política, que encabeza Eduardo Ramírez, se deberá hacer una lista de las minutas más relevantes, toda vez que hay más de 500 reformas aprobadas ya en la Cámara de Diputados en los pasados cinco años, que el Senado no ha dictaminado.

Una de las más recientes, que es analizada en las Comisiones para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos Segunda, es la que reforma la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de reconocer, combatir y prevenir la discriminación laboral por motivos de maternidad y embarazo.

En la exposición de motivos se destaca que de acuerdo con cifras del Inegi, más de 20 por ciento de las mexicanas encuestadas reportó haber sufrido algún tipo de discriminación laboral en el año reciente,por lo que se deben penalizar las amenazas de despido a embarazadas, así como humillaciones e intimidación relacionadas con maternidad o lactancia.