l principal problema de los partidos componentes de la alianza opositora a la llamada Cuarta Transformación (4T) es que no han podido construir cuando menos una percepción (ya no se diga una convicción) de que proponen y ejecutarían (de ganar en las elecciones de este año) algo distinto a aquello que hicieron cuando tuvieron el poder.

Por el contrario, a lo largo de la campaña prelectoral en curso esos partidos (PAN, PRI y lo que queda del PRD) se han esmerado en demostrar que no aprendieron de su pasado y que reinciden en las prácticas que en las urnas la ciudadanía les reprochó.

El más reciente y descarnado ejemplo se ha dado en Coahuila, con la develación del pacto mafioso entre PRI y PAN para entregarle a éste porciones del botín electoral que quedó a cargo del tricolor Manolo Jiménez como nuevo gobernador, de Rubén Moreira como garante de continuidad grupal y de Alito Moreno como fullero mayor siempre desconfiable para el panismo chamaqueado.

La ocurrencia de habilitar a Xóchitl Gálvez como carta presidencial ciudadana, supuestamente empujada por la sociedad civil, ha quedado entrampada en las estructuras partidistas dominantes, sin asomo ya de algún suspiro viable de hacer a un lado el poder decisorio de tales partidos. A la desorientada política hidalguense no le ha quedado más que deslindarse de la vergonzosa confesión escrita de arreglos sucios entre las cúpulas del PRI y el PAN. Nada nuevo, pues, en la apuesta aliancista que recicla lo peor de la política a la antigua.

Similares contradicciones encierra la nueva fase del Movimiento Ciudadano, con una candidatura presidencial opaca, la del diputado federal Jorge Álvarez Máynez, quien garantiza el control caciquil de Dante Delgado, la subsistencia egocéntrica de la pareja fosfo fosfo y su expansión, y la posibilidad de terminar sirviendo, en modo divisorio del voto opositor, a los planes de continuidad cuatroteísta encabezados por Claudia Sheinbaum.

Nada nuevo entrañan las formas y el fondo del planteamiento naranja. Si acaso, el acento en lo propagandístico mediante las redes sociales, el desparpajo ideológico y programático como anzuelo para captar votos juveniles que los estrategas fosfo fosfo consideran manejables desde lo insustancial.

En el campo de la 4T estalló una serie de señalamientos de quien fue directora de la agencia informativa del Estado mexicano, Notimex. Las referencias críticas y acusaciones de Sanjuana Martínez fueron dirigidas en especial contra Luisa María Alcalde en cuanto secretaria del Trabajo que fue y de Gobernación que es actualmente (y el padre de ella, el abogado especializado en asuntos laborales Arturo Alcalde); el actual titular del Trabajo, Marath Bolaños; el influyente coordinador de comunicación social de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, y el presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Jenaro Villamil.

Pero el punto mediática y políticamente más ruidoso, de inmediato aprovechado por los opositores a la 4T, consistió en la denuncia reiterada de Sanjuana respecto a una presunta exigencia de un director de la Secretaría del Trabajo para la entrega de 20 por ciento del monto de las liquidaciones de la franja laboral no partícipe de la huelga que llevó a cerrar Notimex, para ser destinado, según la denuncia mencionada, a la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum.

Dado que el monto de la primera estimación de las liquidaciones mencionadas hubiera sido de 150 millones de pesos, el moche, soborno o contribución política forzada habría sido de 30 millones de pesos. Las partes acusadas negaron tales hechos y el propio presidente López Obrador, luego de expresar respaldo a los funcionarios citados, dijo esperar las pruebas del caso.

Las revelaciones de Sanjuana Martínez requerirán más que un duelo de palabra contra palabra o de credibilidades personales. En el plano netamente periodístico serán necesarias pruebas duras para sostener tales acusaciones. ¡Hasta mañana!

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