Washington y Nueva York. La Corte Internacional de Justicia (CIJ) dará inicio este jueves a su consideración de la acusación formal presentada por Sudáfrica –y ahora endosada por decenas de países y cientos de organizaciones– de que Israel está cometiendo genocidio en Gaza, y responder a la solicitud de que el tribunal y la Organización de Naciones Unidas (ONU) emitan una llamado a Israel a frenar de inmediato toda acción militar que constituye o contribuye a violaciones de la Convención sobre Genocidio.

Al explicar las razones por las cuales se impulsó este caso, el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, declaró ayer: nuestra oposición a la matanza continua del pueblo de Gaza nos ha llevado como país a acudir ante la CIJ. Como un pueblo que ha probado las frutas agrias de el despojo, la discriminación, el racismo y la violencia patrocinada por el Estado, estamos claros de que estamos parados en el lado correcto de la historia.

Otros gobiernos (Bolivia, Brasil y Colombia en América Latina) han respaldado la acusación formal de Sudáfrica, mientras Israel la rechaza con el apoyo de Estados Unidos, cuyo secretario de Estado, Antony Blinken, ha calificado la acusación de sin mérito y una distracción. Varios de los países con los que se ha estado reuniendo Blinken, incluidos Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Arabes Unidos, Irán, Turquía, Jordania y la Autoridad Nacional Palestina, han apoyado el caso presentado por Sudáfrica.

El caso también es apoyado por un miembro del Knesset (Parlamento) israelí, Ofer Cassif, cuyos colegas ahora están intentando expulsarlo del organismo legislativo. Mi deber constitucional es con la sociedad israelí y sus residentes, no con un gobierno cuyos miembros y su coalición están llamando por una limpieza étnica y hasta un genocidio real, declaró.

En su acusación formal ante la CIJ, documento de 84 cuartillas, el gobierno sudafricano afirma que Sudáfrica repetida y urgentemente ha expresado sus preocupaciones y condenas respeto a los actos y omisiones de Israel que forman las bases de esta aplicación. Sudáfrica y otros estados partes a la Convención sobre Genocidio, en particular, han dejado claro que las acciones en Gaza constituyen genocidio contra el pueblo palestino.

La acusación sudafricana presentada a la Corte señala que más de 21 mil personas han sido asesinadas hasta diciembre, más de 55 mil han resultado heridas, y que 85 por ciento de la población ha sido desplazada. Acusa que Israel ha matado a palestinos en grandes números, incluyendo a miles de niños, causando daños físicos y mentales serios, y que ha realizado expulsiones masivas como privaciones de acceso a suficiente alimento y agua, así como falta de acceso a alojamiento.

La acusación de genocidio ante la CIJ requiere de evidencia de intención específica por parte del gobierno acusado. Por lo tanto, el documento sudafricano incluye una larga lista de declaraciones del primer ministro Benjamin Netanyahu e integrantes de su gabinete, así como oficiales militares que demuestran intención específica, incluyendo, por ejemplo, una referencia del primer ministro a un texto bíblico que dice: no perdones a nadie, pero mata igual a hombres y mujeres, niños y los que maman, bueyes y ovejas, camellos y asnos; o la de un ministro que se refirió a los ciudadanos de Gaza como animales humanos, además de las repetidas llamadas de varios otros integrantes del gabinete para expulsar a todos los palestinos de Gaza.

Destruir a los palestinos en Gaza como grupo

El gobierno sudafricano argumenta que estas declaraciones de los tomadores de decisiones y oficiales militares israelíes indican por sí solas una clara intención de destruir a los palestinos en Gaza como grupo tal cual. También constituyen incitación clara, directa y pública al genocidio, lo cual ha procedido sin freno y sin castigo. Agrega que “la inferencia clara de los actos del ejército Israel sobre el terreno –incluyendo del vasto número de civiles matados y heridos, y la escala de desplazamiento, destrucción y devastación llevada a cabo en Gaza– es que esas declaraciones y directivas genocidas están siendo implementados contra el pueblo palestino”.

Tal vez en respuesta a estos cargos y el inicio del procedimiento ante la CIJ, el procurador general de Israel advirtió a legisladores israelíes que sería una violacion a la ley emitir declaraciones de incitación para causar daños contra civiles en Gaza. Sin embargo, el rotativo Haaretz reportó ayer que por lo menos un legislador repitió llamados a no mostrar ninguna piedad y quemar Gaza.

Casos presentados ante la CIJ frecuentemente tardan años en concluir. Dada la urgencia de la situación y la creciente tasa de muerte el gobierno sudafricano está instando a la Corte a emitir medidas provisionales inmediatas que afirman que el Estado de Israel debería suspender de inmediato sus operaciones militares dentro y contra Gaza.

Por su parte, el gobierno israelí ha condenado el caso presentado por Sudáfrica. Mañana, el Estado de Israel se presentará ante la Corte Internacional de Justicia para descartar el libelo de sangre absurdo, con Pretoria ofreciendo escudo político y legal al régimen violador de Hamas, declaró el vocero gubernamental Eylon Levy. El término libelo de sangre es una acusación de antisemitismo y se refiere a las falsas acusaciones durante el Holocausto de que los judíos estaban usando sangre de niños en sus rituales para justificar la matanza de judíos.

El gobierno de Israel está enviando a un juez israelí jubilado, sobreviviente del Holocausto, para encabezar a su equipo legal frente a la CIJ. El equipo legal de Sudáfrica incluye a abogados prominentes, entre ellos un ex relator especial sobre derechos humanos de la ONU en los territorios palestinos ocupados.

A cada gobierno se le otorgarán tres horas para presentar sus argumentos en el caso ante el panel de 17 jueces convocados por la CIJ.

La CIJ, organismo judicial supremo del sistema de la Organización de Naciones Unidas establecido en 1945, después de escuchar a los abogados de las dos partes se reunirá en privado para llegar a una conclusión y emitir su fallo. Pero la corte tiene un poder muy limitado más allá de publicar su veredicto.

Pero su decisión podría intensificar la presión internacional sobre Israel y Estados Unidos para un alto el fuego, y podría aislar aún más a esos dos gobiernos en la comunidad internacional, así como implicar al gobierno estadunidense como cómplice en violaciones graves de la ley internacional.