Con el fin de tipificar la corrupción inmobiliaria como delito, el Gobierno de la Ciudad de México entregó ayer al Congreso local una iniciativa de reforma al Código Penal capitalino que sugiere penas de 10 a 20 años de prisión para los funcionarios públicos responsables de la construcción de inmuebles o de pisos adicionales a los autorizados fuera de la ley.

La iniciativa tiene como propósito evitar casos como el llamado cártel inmobiliario, surgido en las administraciones panistas de la alcaldía Benito Juárez, y las sanciones alcanzarían a familiares hasta en cuarto grado y parejas de los servidores públicos que se beneficien de dicha conducta.

En el caso de esa demarcación, de acuerdo con datos del gobierno capitalino entre 2009 y 2021 hubo un fuerte incremento de denuncias por edificios construidos con más pisos a los permitidos por la ley; toda vez que en 2009 se reportaron 12 casos, mientras en 2021 se llegó a 158.

El gobierno local señaló que la corrupción inmobiliaria permite a funcionarios públicos acumular riqueza mediante un esquema de empresas y sociedades que les otorgan dinero y/o propiedades para beneficio personal a cambio de emitir permisos ilegales de edificación.

Agregó que esto tiene efectos sociales negativos, como el encarecimiento de la vivienda, impacto en la dotación de servicios básicos como el agua, además de traer consigo riesgos en materia de protección civil por la construcción irregular.

De esta manera, la propuesta incluye la creación del capítulo 15 en el Código Penal dedicado exclusivamente a la corrupción inmobiliaria en el que se establece: comete el delito de corrupción inmobiliaria el servidor público que permita por acción, por omisión o tolere la construcción de inmuebles o de pisos adicionales a los autorizados sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley.

Al presentar la propuesta que se discutirá en el próximo periodo ordinario de sesiones, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Ricardo Ruiz Suárez, explicó que las sanciones se agravarán en una mitad más cuando por esos actos de corrupción los servidores públicos obtengan algún beneficio económico, ya sea en efectivo o en especie.

Ante el titular del Ejecutivo local, Martí Batres, manifestó que la reforma tiene como finalidad disuadir el surgimiento de organizaciones similares al cártel inmobiliario que se investiga en la alcaldía Benito Juárez.

Asimismo, contribuye desde el ámbito de lo penal a la transformación de la política urbana en la capital del país y será un elemento para combatir a esta lacra que ha sido la corrupción inmobiliaria.