El gobierno federal ha interpuesto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al menos una docena de solicitudes de ejercicio de la facultad de atracción para que los ministros revisen la admisión de amparos en contra de la desaparición de los 13 fideicomisos que tenía el Poder Judicial de la Federación (PJF), y las suspensiones que mantienen sin aplicación esta disposición aprobada por el Congreso de la Unión.

Desde noviembre pasado, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) decidió concentrar en dos instancias, el primero y segundo de distrito del centro auxiliar de la primera región, todos los amparos que se promovieron contra la reforma a la Ley Orgánica del PJF que le impide tener fideicomisos que no tengan relación directa con sus actividades sustantivas.

Se ordenó liquidar los fideicomisos dedicados a pensiones complementarias de jueces y magistrados, al mantenimiento de sus casas habitación, a apoyos médicos adicionales a los del Issste y los que concentraban remanentes presupuestales, entre otros.

Los jueces, magistrados, trabajadores en activo y jubilados del PJF que se consideraron afectados por esta medida promovieron los amparos que dieron origen a las suspensiones que mantienen con vida esos fideicomisos, y ahora el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, piden a la SCJN que analice la admisión y las medidas cautelares concedidas en primera instancia.

Aunque por ahora son sólo una docena de solicitudes de ejercicio de la facultad de atracción sobre este tema, se prevé que sean cientos, pues tan sólo uno de esos amparos fue promovido de manera colectiva en representación de 761 quejosos.

En una de estas solicitudes, la 906/2023, el gobierno federal pide a la SCJN que fije un criterio sobre el tema, considerando que en este caso los titulares de juzgados pueden ser juez y parte.

Ello es así, en virtud de que la medida cautelar involucra la suspensión de los efectos de una norma general que versa sobre los fideicomisos del PJF, por lo que la solución amerita una ponderación novedosa, que puede involucrar conceptos como la independencia judicial, la posibilidad de las personas juzgadoras de resolver o si, por el contrario, hubiera algún impedimento para ello, así como una especial ponderación en torno al interés social y al orden público, se señala en el acuerdo publicado en los estrados de la SCJN.

Los ministros tendrán que resolver en los próximos meses si autorizan estas solicitudes de ejercicio de la facultad de atracción.