l neoliberalismo es una cultura institucionalizada con tres elementos: 1) normas que protegen la libertad transaccional de mercancías, para que operen la mano invisible y el puño de hierro del mercado; 2) leyes corporativas y de propiedad intelectual para capitalizar la creatividad humana y garantizar el progreso técnico acelerado, y 3) desregulaciones que privatizan la provisión de los bienes públicos y comunes, para garantizar los derechos humanos. Estos elementos realizan el sueño mojado de la burguesía: que nadie quede sin transformarse en comerciante de algún bien o servicio, o todavía mejor, en empresario de sí mismo. Los grandes capitales tienen en ellos una robusta fortaleza ideológico-jurídica donde los poderes públicos son mayordomos y canes cerberos. Pero es en el tercero donde yace la verdadera innovación neoliberal, pues no sólo inaugura un ciclo de acumulación originaria, sino que aprovecha genialmente las luchas sociales centenarias.

Los bienes públicos y comunes son los que las sociedades y comunidades protegen y ponen al alcance y disposición de todos. Entre ellos están los más básicos, como la energía abundante, el aire limpio, el agua potable, el saneamiento y el ambiente libre de residuos sólidos, y sin ellos son imposibles la equidad productiva, la buena alimentación, la vivienda adecuada, la educación básica, el ambiente sano y el acceso a la ciencia, salud, descanso, esparcimiento, seguridad social y la participación en la vida cultural. Son bienes que también sostienen los usos y costumbres, los hábitos de convivencia, el estado de derecho y la defensa nacional. Por lo general, se pagan colectivamente a través de impuestos y otros medios cooperativos. Desafortunadamente, el fracaso del socialismo real y del bienestarismo de posguerra, y una larga historia de falsas promesas y choques económicos, llevaron a los pueblos a aceptar la privatización de su administración. Corruptos, represivos y finalmente estúpidos, los dinosaurios del Partido Revolucionario Institucional no resistieron la crisis de la deuda a la que nos arrastraron y fueron fácilmente sustituidos por el ejército de economistas, administradores, abogados, intelectuales y académicos que dieron forma al neoliberalismo mexicano y controlaron la administración y las cámaras legislativas hasta hace cinco años. Con este poder sin contrabalances establecieron la rígida estructura constitucional que nos rige y que la SCJN defiende ferozmente.

Pero la intervención privada resultó cara, discriminante y deficiente, en fin, fue un despojo que no consiguió la eficiencia económica prometida y trajo un deterioro considerable de la seguridad de las personas. Según Polanyi, a toda fase de capitalismo salvaje le seguirá otra en que la sociedad se autoprotegerá contra sus excesos. La Cuarta Transformación (4T) representa este contramovimiento, pues responde al inminente retorno del estado-nación como proveedor de los bienes públicos y comunes secuestrados. Por ello no es suficiente verla como una lucha política. En el fondo sirve a la voluntad histórica de revertir la captura del Estado a través de separar de raíz su función económica de la del mercado, eliminando así la corrupción sistémica. No entender esto lleva al contrasentido de afirmar que la democracia consiste en mantener el balance de poderes entre las fuerzas políticas, cuando algunas en realidad están al servicio de eliminar la democracia.

La 4T es un régimen capitalista nacionalista, no neoliberal porque: 1) regresa a una visión clásica del capitalismo, que reconoce profundas contradicciones que deben ser atendidas por el Estado, para alcanzar un desarrollo más homogéneo entre las regiones y cierto equilibrio distributivo; 2) asume la necesidad de construir una política científica-tecnológica y de innovación de Estado, para impulsar el crecimiento económico equilibrado, y 3) su principal objetivo es que el Estado provea los bienes públicos para el bien-de-todos-primero-los-pobres, y para ello busca liberarlo y armarlo otra vez con sus competencias sustantivas. El Presidente ha guiado la separación del Estado y el mercado, y en muchos frentes recuperado esta función de provisión de manera muy pragmática y sin obsesionarse con la ideología. Por ello merece nuestro máximo reconocimiento. Pero el Estado liberado tiene tareas pendientes para alejarse aún más del neoliberalismo. Tras siglos de ser erosionada por el capital, la comunidad es un actuante social muy frágil. Fue subsumida por la modernidad hasta adoptar tres formas: la sociedad civil de propietarios, la sociedad política de ciudadanos y el sistema científico-profesional. En México esta reducción fue interrumpida por una revolución agraria y la presencia del sector popular-sincrético de la Iglesia católica, que permitieron la operación de los principios comunitarios originales sobre tierras, aguas, bosques, cultura y educación, sobre todo en el medio rural e indígena. Pero estas expresiones de la comunidad siempre fueron política y económicamente débiles, igual que su resistencia; antes del neoliberalismo por el control del Estado priísta y después por la presencia de poderosas fuerzas erosivas y corruptoras del mercado. La tarea más importante para el nuevo Estado de bienestar de la 4T, desde mi punto de vista, es apoyar la reactivación de las competencias sustantivas de la comunidad en el campo y la ciudad, y en su relación, y ceder el espacio legal-económico-político para que se desarrollen, por ejemplo, en una Ley General de Aguas. Esto conviene al fortalecimiento de la Nación, pues ni la aprobación de 100 por ciento del pueblo político basta para vencer a la corporación global, al crimen organizado y al imperialismo; se requiere del pueblo organizado en una república de comunidades plenas. Otra tarea es contar con un programa transformativo de México de 25 años, que brinde a los líderes del proyecto de nación una guía clara y firme, independiente de su carácter y preferencias.

* Integrante del Centro Regional de ­Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM