La Comisión de Protección Civil de la Cámara de Diputados realizará el día 15 de este mes un parlamento abierto para analizar la iniciativa de la ley general de protección civil y gestión del riesgo de desastres, elaborada por la bancada de Morena. En la página electrónica de la Cámara de Diputados, las organizaciones de la sociedad civil, organismos públicos y privados, así como ciudadanía en general interesada en el tema pueden enviar sus opiniones y propuestas para fortalecerla hasta el miércoles.

Se destaca en esta propuesta que se requiere una nueva ley en la materia porque las reglamentaciones vigentes federal y estatales sólo contienen un enfoque conceptual y no funcional de la gestión integral de riesgos, con excepción de las leyes del estado de Baja California, Oaxaca y sobre todo de la Ciudad de México, ya que se pierde el enfoque de actuación con sentido prospectivo; por ello, es necesario definir y articular esfuerzos científicos, políticos, comunitarios, empresariales y ciudadanos para formular diagnósticos de riesgos y de capacidades en contextos espaciales bien definidos en la ley general, que devenga en la normatividad aplicable en las entidades federativas, municipios, demarcaciones territoriales y localidades.

En la iniciativa, los diputados de Morena hacen notar que desde la creación del Sistema Nacional de Protección Civil y el Programa de Protección Civil (Sinaproc) ha estado ausente el enfoque de derechos humanos como principio rector de la política institucional en materia de desastres.

Los legisladores indican que, en contextos de devastación humana, social, material y económica, los estados incurren con frecuencia en acciones autoritarias, en las que definen a la población afectada como incapaz de gestionar procesos de respuesta inmediata y de reconstrucción, lo que limita la gestión democrática e integral de riesgos de desastre.

En la política de protección civil, refieren, los damnificados no han sido considerados como sujetos de derecho, sino como personas que requieren asistencia externa ante su incapacidad de recuperarse. Además de los indicadores cuantitativos más utilizados en los diagnósticos sobre desastres (personas fallecidas, heridas y damnificadas; viviendas, así como equipamientos de salud y educación destruidos y montos económicos), debe replantearse lo anterior para centrar los diagnósticos considerando los impactos en los derechos de cada persona.

La propuesta de ley consta de seis títulos y un apartado transitorio, entre éstos, en el título sobre disposiciones generales, se refiere a las normas preliminares de la ley, se establece su objeto y las bases sobre las cuales se regulará.

El título segundo comprende tres capítulos. El primero se relaciona con la competencia y la forma en que se llevará a cabo la coordinación. En primera instancia, se establecen las atribuciones del Ejecutivo Federal, que recaerán en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, mientras para el tema de la coordinación prevalece la existencia de las instituciones y sistemas establecidos en la ley vigente, aunque se reorganiza su funcionalidad.