n este, último año del gobierno de esta administración, la economía se encuentra en un momento singular, pues su desempeño muestra diversos contrapuntos, es decir, contrastes entre condiciones que se dan de modo simultáneo y que es necesario considerar y ponderar.

Las autoridades hacendarias y monetarias proyectan una visión favorable de la situación económica. La demanda interna crece apoyada por el gasto en consumo e inversión y con un fuerte aumento del crédito; el empleo aumenta, así como los salarios en el sector formal; el tipo de cambio se aprecia y la inflación, aunque muestra una resistencia, ha ido disminuyendo. En el escenario previsto por Hacienda el crecimiento del producto estaría en un rango de 2.5 a 3.5 en 2023 y también en 2024; el Banco de México preveía a finales de noviembre pasado un crecimiento económico entre 2.3 y 3.7 por ciento para este año. Otros pronósticos, como el de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos la ubica en 3.4 por ciento; Forbes dice que podría llegar hasta 3.7 por ciento; en noviembre pasado la calificadora Moody’s elevó su previsión de crecimiento para 2023 de 3.3 a 3.5 por ciento con una visión optimista de la situación económica y las expectativas de expansión para este año, mejorando la previsión de crecimiento de 1.9 a 2.3 por ciento; además declaraba a mediados de diciembre pasado que México destaca como un destino seguro para las inversiones. El FMI y el Banco Mundial proyectan un crecimiento de 3.2 por ciento.

El financiamiento de la actividad económica es un asunto clave dentro de la política pública, tanto en términos fiscales como monetarios. Sin dinero suficiente no pueden cumplirse las metas fijadas en el presupuesto federal, una alternativa es mayor deuda. Un concepto técnico en materia presupuestaria que apunta a esa cuestión es el de los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP). Su medición se describe como un indicador cuyo objetivo es proporcionar al público de forma resumida y oportuna los resultados financieros de las actividades que el sector público realiza para cumplir con el conjunto de funciones que le son encomendadas (SHCP).

En el presupuesto se contempla que dichos RFSP se aprobaron en 2023 en un monto que representaba 4 por ciento del PIB; para este año la proporción se fijó en 5.4 por ciento, de tal manera, mientras el año pasado habrían crecido en términos reales 37.8 por ciento, para este año el aumento es de 43.3 por ciento. Hay, pues, una mayor presión sobre el gasto estimado en el presupuesto, es decir, que se necesita una mayor proporción de financiamiento para terminar el sexenio. Esto nos lleva al asunto de los ingresos públicos y su asignación.

Conforme a la política de ingresos vigente: para el ejercicio fiscal 2024 se presupuestan ingresos por 7 billones 329 mil millones de pesos, mayores en 58 mil millones de pesos respecto al cierre estimado para 2023, lo que representa una variación real de 0.8 por ciento. Detengámonos en un punto indicativo de la situación que tiene que ver con el destino de dichos recursos en este año. Según la SHCP, entre enero y noviembre de 2023 el costo financiero de la deuda llegó a 849 mil 761.3 millones de pesos, siendo el saldo más grande desde 1990 (en términos nominales). Pero, adicionalmente, se ha elevado la proporción que estos recursos representan de los ingresos públicos, y que ha llegado a 13.4 por ciento, es decir, que de cada 100 pesos que se ingresan 13.40 pesos van a pagar deuda, proporción muy elevada considerando las necesidades del gasto público en el país. La tendencia indica que seguiría aumentando.

Luego de su optimista previsión sobre la economía mexicana del pasado mes de noviembre, la firma de análisis Moody’s Analytics (diferente de la calificadora Moody’s) sorprendió apenas el 4 de enero pasado alertando sobre crecientes desequilibrios internos y externos que exhibe la economía y que podrían precipitar un ajuste brusco. Esto se refiere a condiciones como el exceso de demanda existente, es decir, un gasto que supera la capacidad productiva y genera un mayor déficit externo. En términos financieros, la deuda interna del gobierno federal que consiste esencialmente de la emisión de bonos, tiene un valor bruto de 10.7 billones de pesos; con las muy altas tasas de interés que han prevalecido durante los dos últimos años hasta el nivel de 11.25 por ciento vigente, el costo se ha ido incrementado hasta la proporción antes señalada. Esa es una forma de transferencia de recursos al exterior.

Ante las optimistas consideraciones del gobierno y el banco central cabe contraponer una serie de alertas recientes que apuntan a tensiones en el comportamiento económico, como son: el aumento de la cartera vencida de los créditos al consumo; la apreciación del peso frente al dólar o el ingreso récord de las remesas. Además, esto apunta a la costumbre de ensalzar la fortaleza del peso eludiendo el alto costo que esto genera por la vía de los intereses que hay que pagar a los inversionistas extranjeros que compran la deuda pública, ese costo lo paga toda la población. Lo mismo ocurre con el abultado monto de remesas que indica la condición precaria de las familias que las reciben como complemento de su ingreso; habría que celebrar cuando esas transferencias familiares fuesen mínimas.