El conflicto interno en el Instituto Nacional Electoral (INE) por el control de la Junta General Ejecutiva, donde se concentran los principales funcionarios del organismo, continuará incluso si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revoca el acuerdo para designar funcionarios aprobado por la mayoría opuesta a la consejera presidenta, Guadalupe Taddei.

En el supuesto de que vuelvan las cosas al estado anterior, la presidenta retoma las facultades de asignación de encargados de despacho y no forzosamente de titulares, como le exigieron sus opositores. En ningún escenario hay garantías de que las aguas agitadas desde abril por este tema se calmen.

Para la Secretaría Ejecutiva, el principal mando del INE, las opciones internas se reducen a dos personas: el actual encargado de vinculación con los organismos públicos locales (Oples), Giancarlo Giordano Garibay (considerado parte del equipo del anterior consejero presidente, Lorenzo Córdova), y el director general del Registro Federal de Electores, Alejandro Sosa Durán.

En el fondo, como exponen los partidos en su apelación ante el TEPJF, la discusión medular es sobre el alcance de mando de Taddei.

En los próximos días, el asunto será discutido y votado en la sala superior del TEPJF en un proyecto de sentencia elaborado por la magistrada presidenta Mónica Soto, quien posiblemente acumule las tres apelaciones (Morena, PRI y PT). Hasta ayer no estaba enrolado para la sesión del miércoles próximo.

Fuentes políticas y electorales señalaron que es posible que los magistrados revoquen el acuerdo y las cosas en el INE vuelvan al estado anterior al mecanismo extraordinario impulsado por seis consejeros.

Actualmente, la Secretaría Ejecutiva está de manera provisional a cargo de María Elena Cornejo, quien en breve regresaría a la titularidad de la dirección de Capacitación y Educación Electoral, por lo que el tema de quién tomará este importante cargo volverá a la mesa de consejeros.

Como se ha difundido, Taddei y cuatro consejeros más sostienen que la operación del INE (y la preparación de la elección del 2 de junio) va en la ruta correcta, aun cuando en la mayoría de las 19 posiciones de la junta hay encargados de despacho.

En tanto, los seis opositores aprobaron el acuerdo con base en el cual la presidenta tiene un plazo máximo de 30 días (que se cumpliría el 16 de enero) para proponer al consejo a los candidatos a titulares, pero si las sugerencias son rechazadas, estas personas no podrían fungir siquera como encargados y, por tanto, habría que poner, por ejemplo, al funcionario con mayor antigüedad de cada área (Secretaría Ejecutiva, dirección, unidad técnica o coordinación).

En este segundo escenario se ahondaría el conflicto en el INE surgido desde la renovación del consejo general, en abril pasado.

Las fuentes consultadas no descartan que en la sentencia del tribunal se confirmen las atribuciones de la consejera presidenta para nombrar de nueva cuenta a un encargado de despacho en la Secretaría Ejecutiva, ya sea entre los titulares disponibles (Giordano Garibay y Sosa Durán) e incluso entre los funcionarios con responsabilidades de rango provisional.