Las indagatorias realizadas de 2022 a la fecha por la Fiscalía General de la República (FGR) confirmaron que Mario Aburto Martínez, sentenciado por el homicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta –candidato presidencial del PRI en 1994–, fue sometido a actos de tortura tras su detención, por lo que el juzgado segundo de distrito en materia de amparo concedió la protección de la justicia federal y con ello continuará la integración de la averiguación previa en contra de quienes violaron los derechos humanos de Aburto.

Información obtenida del Poder Judicial de la Federación señala lo anterior luego de que ayer el juzgado segundo de distrito en materia de amparo, con sede en la Ciudad de México, diera a conocer un acuerdo en el cual notifica a las partes que ya se cumplió el plazo para que el Ministerio Público Federal entregara el resultado de las investigaciones realizadas.

Al respecto, Jesús González Schmal, integrante de la defensa de Mario Aburto Martínez, indicó: “el acuerdo señala que se venció el plazo para que la fiscalía envíe el resultado de la investigación que se le ordenó realizar con relación a los actos de tortura cometidos.

Porque hay que recordar que el juez concedió el amparo y dio oportunidad a la fiscalía para que volviera a hacer la investigación de cómo había sido la tortura, ya que nosotros acreditamos que sí existieron violaciones a los derechos humanos y la FGR hizo una fiscalía especial para este caso e interrogó a todos aquellos que aún viven y que intervinieron en aquella averiguación previa; y resulta que fueron a Tijuana, Baja California, y que hicieron entrevistas, pero algunas diligencias eran innecesarias porque al menos 15 de los que intervinieron ya murieron, expuso.

El litigante informó que el juez deberá emitir una sentencia en las próximas semanas, pues ya debe tener el expediente completo.

Entre las pruebas que se aportaron para demostrar que se cometieron actos de tortura en contra de Mario Aburto –sentenciado a 45 años de prisión por el homicidio de Luis Donaldo Colosio y también ha litigado la reducción de su pena–, está un estudio realizado con base en el Protocolo de Estambul, y se acreditó que no tuvo abogado defensor, ni público ni privado, cuando fue interrogado por primera vez ante el Ministerio Público Federal, el 23 de marzo de 1994, tras el atentado a Colosio en Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California.

Este caso fue reabierto el 25 de octubre de 2021, luego de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación 48BG2021 por violaciones graves a la integridad personal de Aburto.