Después de 12 años en prisión, Verónica Razo Casales quedó libre. Así lo resolvió el primer tribunal colegiado de apelación del segundo circuito con sede en Toluca, estado de México, que absolvió a la mujer debido a que el Ministerio Público Federal no acreditó su responsabilidad en el delito de secuestro.

Verónica fue detenida en Ciudad de México el 9 de junio de 2011 cerca de su domicilio junto con su madre y dos hijos, entonces menores de edad, por miembros de la Coordinación de Investigación de Campo de la extinta Policía Federal vestidos de civil, quienes no presentaron órdenes judiciales ni se identificaron. Su hermano Erick fue aprehendido por las mismas autoridades ese día.

El Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) recordó que Verónica y Erick fueron presentados junto con otras ocho personas como parte de una banda de secuestradores a la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, que inició la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIS/048/2011.

Elementos de la Policía Federal suscribieron el informe PF/DINV/CIC/DGIDCSIP/PD/1295/2011 en el que se constató en los certificados que las personas detenidas presentaban diversos tipos de lesiones.

El IFDP informó que el 27 de mayo de 2022 el juez octavo de distrito en el estado de México, dictó sentencia dentro de la causa penal 57/2011. En ella, absolvió a Verónica Razo por los ilícitos de secuestro contra tres personas y delincuencia organizada; sin embargo, la consideró responsable de un diverso delito de rapto, por lo que le impuso pena privativa de la libertad por 25 años y multa de 119 mil pesos.

Por su parte Erick fue absuelto de todos los delitos, por lo que en esa misma fecha recuperó su libertad.

El 31 de mayo de 2022 la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos del IFDP presentó apelaciones y amparo indirecto. Los juicios se radicaron en el sexto tribunal unitario del segundo circuito con los expedientes 46/2022 (contra la sentencia de apelación para reponer el procedimiento) y 47/2022 (contra el cese de la medida cautelar).

El 18 de julio de 2023 el tribunal colegiado de apelación dictó condena en el juicio de amparo indirecto 66/2023, y concedió la protección constitucional para que la autoridad emitiera nueva sentencia, para analizar, entre otros temas, si con la detención ilegal de Verónica y de la tortura alegada, existió un efecto corruptor que alcanzó al testimonio y reconocimiento de la víctima.