Chetumal, QR., El Congreso de Quintana Roo recibió la notificación de que fue aceptado un amparo que presentó la empresa Aguakán en contra de la abrogación del decreto 250, que permitía la extensión de su concesión como prestadora de servicios de agua potable por otros 30 años para los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Isla Mujeres y Puerto Morelos, por lo cual la concesionaria continúa dando el servicio, informó el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Humberto Aldana.

Por su parte, directivos de la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún (Aguakán) acusaron al Congreso estatal de violar el estado de derecho y usurpar funciones del Ejecutivo con la medida aprobada en diciembre reciente, cuando le quitaron esos derechos.

Humberto Aldana Navarro, legislador local por Morena, detalló que el jueves se le informó que el Congreso recibió la notificación del amparo provisional obtenido por Aguakán en contra de la medida que aprobó la legislatura el pasado 22 de diciembre.

Afirmó que el Congreso fundó su decisión en varias razones; una de ellas es que la firma escondió en la cláusula 7 del contrato su modelo de negocio, con lo que se demostró que mintió a legisladores, ciudadanos y empresarios. Segundo, se estipula que la concesionaria dirime sus conflictos en tribunales de Francia, lo cual deja en total indefensión a los inconformes en México.

La firma tiene la concesión de servicios públicos de agua potable alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales desde 1993, cuando asumió el cargo de gobernador Mario Villanueva Madrid (1993-1999), y su vigencia sería por 30 años, la cual concluyó en diciembre de 2023.

En 2014, en el sexenio del ex priísta Roberto Borge Angulo (2011-2016), se le concedió una prórroga por otros 30 años. En ese momento la concesionaria dio a conocer su modelo de negocios, en el que detallaba los beneficios que obtendría al explotar el agua potable en la entidad al ampliarse la concesión por tres décadas más, que correrían a partir del primero de enero de 2024.

El diputado agregó que el mismo día en que Aguakán mostró su modelo de negocios entregó por contraprestación a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) del gobierno estatal mil 55 millones de pesos, de los que se ignora su paradero.

Asimismo, afirmó que la CAPA tiene suficiente capacidad para incluir en sus servicios los cuatro municipios donde Aguakán trabaja y confió en que el Poder Judicial dé la razón al Congreso estatal.

En entrevista radiofónica, Paul Rangel, director de Aguakán, acusó a la legislatura local de atentar contra el estado de derecho y confió en que el Poder Judicial decidirá que la firma conserve la concesión.