Guanajuato, Gto., Los centros de rehabilitación de adicciones operan en el estado al margen de la ley y con una deficiente supervisión gubernamental; los llamados anexos se convirtieron en los últimos años en escenario de matanzas, pues en ellos han sido asesinados al menos 60 internos y secuestrados unos 27; algunas de las estancias son utilizadas como casas de seguridad o refugio de criminales.

La Secretaría de Salud estatal informó que tiene un registro de 311 centros de rehabilitación en la entidad, de los cuales 290 cuentan con aviso de funcionamiento y de 21 no se tiene información de haber realizado el trámite.

El artículo 200 bis de la Ley General de Salud estipula que los establecimientos que no requieren de autorización sanitaria deben dar aviso de su operación a las autoridades de los estados en la materia.

La dependencia precisó que se suspendió temporalmente la actividad de 14 anexos en los municipios de Silao, San Francisco del Rincón, Purísima del Rincón, León, Acámbaro, Cortazar, Tierra Blanca y San Felipe.

La regulación administrativa de los centros de rehabilitación recae en los 46 ayuntamientos del estado, que son la autoridad que debe emitir los permisos de uso de suelo para el funcionamiento de esos espacios.

Es importante que las autoridades administrativas regulen y supervisen las estancias de rehabilitación que operan al margen de la ley; incluso la fiscalía ha intervenido varios anexos donde se han cometido delitos, señaló el titular de la institución, Carlos Zamarripa Aguirre.

Algunos de estos espacios fueron usados como fachadas por grupos criminales, como es el caso del ubicado en Cuerámaro, donde había 36 personas secuestradas, reveló el funcionario. Recordó que en Irapuato aseguraron un anexo donde había droga.

Las instalaciones para la rehabilitación también han sido usadas para refugiar a integrantes de bandas delincuenciales, lo que derivaba en ataques y asesinatos, agregó Zamarripa Aguirre.

Luego del multihomicidio de 27 personas en un anexo de Irapuato se elaboró un censo de estos giros en el que participó la fiscalía, con la finalidad de detectar los que estaban legalmente constituidos y los que operaban irregularmente, recordó el funcionario.

“Después (de la masacre) de 2020 hay una reducción de cualquier eventualidad dentro de los anexos, pero también tenemos personas lesionadas que denunciaban otros ilícitos. ¿Sexuales? Por supuesto”, declaró.

Para prevenir crímenes, las estancias deben estar bien supervisadas porque este tipo de lugares son muy propensos a operar fuera de la ley. Hay de decirlo, puntualizó Carlos Zamarripa.

Reconoció la labor de aquellos espacios de este tipo que funcionan dentro del marco legal y de manera óptima para rehabilitar a personas con alguna adicción.

–¿El estado y los municipios deben tener el control de la operación los centros de rehabilitación? –se le preguntó.

–Las dos modalidades deben prevalecer; por un lado, la parte privada, regularizada, y por otra parte, las instituciones, si tenemos refugios para este efecto.

Para el fiscal guanajuatense, no es necesario hacer reformas legales, sólo se requiere la aplicación de las normas existentes porque si operan al margen de la ley son focos rojos.

Muchos delitos, como los homicidios, se perpetran bajo los influjos de narcóticos como la droga sintética cristal, afirmó reveló Zamarripa Aguirre.

“Una de las drogas más utilizadas por los jóvenes es el cristal y es sumamente adictiva; además de que daña la salud impresionantemente, es un gran, gran, gran foco rojo, que debe ser atendido de manera multifactorial”, resaltó.

–¿Qué tan fácil es que un adicto entre a grupos criminales?

–No tengo datos. Tratamos de ser muy objetivos con lo que acopiamos de información.

El fiscal de Guanajuato reconoció que son adictas al cristal un alto porcentaje de las personas que arrestan y que forman parte de grupos criminales. Es muy elevado, más de 90 por ciento, calculó.

Masacres

De 2020 a 2023, la Fiscalía General del Estado (FGE) integró 12 carpetas de investigación por asesinatos cometidos con armas de fuego en instalaciones de los anexos.

A través de una solicitud de acceso a la información, se pidió a ese organismo el número de personas ultimadas en centros de rehabilitación durante dicho periodo, pero no entregó la estadística.

La fiscalía respondió que en 2020 integró dos carpetas de investigación en Irapuato; en 2021, una en León, al igual que en Salamanca, Celaya y Cortazar.

En 2022 fueron tres carpetas en León, San Francisco del Rincón e Irapuato, y en 2023, tres en Celaya.

Los medios de comunicación han dado cuenta de matanzas en anexos de Irapuato, Celaya, Cortazar y Apaseo el Alto. Este último municipio no fue incluido en la información de la fiscalía.

En junio de 2020 fueron asesinados 10 hombres en un centro de rehabilitación de adictos de la colonia 24 de Abril, en Irapuato.

Posteriormente, el primero de julio, fueron acribillados 27 internos del centro Buscando el Camino a mi Recuperación, situado en la comunidad de Arandas. En enero de 2023, Jesús Emmanuel Quezada Martínez, El Jordan, fue sentenciado a 797 años de cárcel por dicho multihomicidio, el más grande cometido en la entidad.

Un grupo armado mató a tres hombres y lesionó a una mujer en el centro de rehabilitación Jóvenes Sangre Renovada los Desterrados, con sede en Celaya, en septiembre de 2020.

Cuatro personas fueron ejecutadas en marzo de 2021, en un anexo que se localiza en el poblado de La Purísima, municipio de Apaseo el Alto.

En septiembre de 2022, tres internos del anexo Nueva Ilusión, en Cortazar, fueron abatidos a tiros.

En septiembre de 2023, fueron privados de la vida cuatro individuos recluidos en un centro de rehabilitación improvisado en una casa de la colonia Ciudadela, en Celaya.

El fiscal Carlos Zamarripa dio a conocer que existen casos de homicidios con armas de fuego perpetrados por internos involucrados en riñas.

A través de la Unidad de Transparencia, la FGE precisó que hay nueve carpetas de investigación por homicidios cometidos por el personal de los anexos en agravio de internos en Irapuato, Salamanca, León y Abasolo.

En marzo de 2023, José Baltazar y Jesús mataron a golpes a Miguel Valencia en un anexo de Abasolo.

Julio, de 26 años, fue asesinado a golpes por Juan Antonio y Rodolfo en un establecimiento de ese tipo en la colonia Ganadera, de Irapuato, en junio de 2023.

Los centros de rehabilitación de adictos irregulares también son escenario de secuestros de internos y han sido utilizados como casas de seguridad para custodiar a personas privadas de su libertad.

El cuatro de diciembre del 2018, 23 jóvenes fueron sacados del anexo Dios es Nuestro Salvador, en la colonia San Juan de Retana de Irapuato.

En febrero de 2020, un grupo armado raptó a cuatro hombres de un centro que operaba en la colonia Progresiva del Jaral, en Irapuato.

En junio de 2023, la fiscalía informó que detuvo a nueve integrantes de un grupo criminal que tenían secuestradas a 36 personas en un anexo en Cuerámaro. Las víctimas eran residentes de León y Manuel Doblado.

Guanajuato, gobernado por el panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, es uno de los estados más violentos de la época reciente. Cerró 2023 con la cifra más alta de homicidios a nivel nacional, con más de 3 mil.