La Fiscalía General de la República (FGR) indaga con varias carpetas de investigación datos financieros que involucran a René Dávila de la Vega, uno de los accionistas de la Corporación en Asesoría Financiera (Corafi), con desvíos de recursos en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) y capital depositado en el Fondo del Retiro de los Trabajadores de la Educación (Forte), que maneja el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), revelaron funcionarios ministeriales.

La detención y probable colaboración de René Gavira Segreste, ex director de finanzas de Segalmex, podría aportar más datos de dinero público o perteneciente a otras instituciones que fue invertido ilegalmente en valores bursátiles.

Aunque la pesquisa contra Dávila de la Vega se inició en 2021 y en días pasados se le dictó auto de vinculación a proceso por su presunta responsabilidad en el desvío de 800 millones de pesos de Segalmex y Liconsa en acuerdo con Gavira Segreste, datos aportados por la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Unidad de Inteligencia Financiera abarcan esquemas de transferencias ilegales desde antes de esta administración federal, por lo que siguen abiertas varias carpetas de investigación.

Gavira Segreste ya enfrenta su proceso penal en prisión. Se entregó de manera voluntaria a la FGR el pasado 7 de diciembre, y elementos de la Policía Federal Ministerial cumplimentaron una orden de aprehensión contra el ex funcionario, considerado integrante de una red de corrupción que ocasionó un multimillonario desfalco entre 2019 y 2020 a Segalmex, Liconsa y Diconsa.

Las autoridades entrevistadas indicaron que Dávila de la Vega y su socio Alejandro Díaz Ceballos Rubio comenzaron entre 2014 y 2015 el esquema de compra de bonos bursátiles con recursos públicos, lo que es considerado inversiones ilegales, con las cuales se beneficiaron funcionarios públicos de diversas instituciones federales, estatales y representantes de universidades públicas, pues si bien en algunos casos las aportaciones iniciales fueron devueltas, no así los beneficios obtenidos.

Sin embargo, también se indagan presuntos esquemas de operación en los que la empresa Corafi terció mediante instituciones financieras legalmente autorizadas los recursos públicos y no retornó los capitales aduciendo haberlos perdido por movimientos en la Bolsa Mexicana de Valores, indicaron las fuentes consultadas.