n el primer día de 1994 –año que a la postre se tornaría catastrófico en la economía del país–, México se despertó estremecido por vientos revolucionarios que revivieron la esperanza de las comunidades indígenas que, con una historia de 500 años de resistencia a proyectos de opresión, veían nacer desde las montañas del sureste un poderoso esfuerzo reivindicativo expresado en el levantamiento en armas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), justo el día que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que aparecía como la encarnación actualizada de las fuerzas que han perpetuado la exclusión de las comunidades originarias en el país. Han pasado ya 30 años y esa lucha resiste y persiste hasta hoy.
Recoger los 30 años de historia desde el levantamiento del EZLN es todo menos sencillo. Treinta años en que la magnitud de su resistencia, el tono de su narrativa y el peso de sus acciones han experimentado diversas modulaciones. Lo que no ha cambiado durante estos 30 años de existencia es la pertinencia de una lucha por el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos, su autonomía y su dignidad. Su rica historia pasa por el sorpresivo levantamiento armado en 1994 y la toma de cinco cabeceras municipales en Chiapas, las mediaciones con el gobierno, la fundación de los municipios autónomos rebeldes zapatistas (Marez), la creación del Congreso Nacional Indígena, los acuerdos de San Andrés, las múltiples declaraciones de la Selva Lacandona, la creación de los caracoles zapatistas y las juntas de buen gobierno, el impulso de La otra campaña en 2006; los potentes discursos y los comunicados publicados en sus redes, los festivales artísticos, los encuentros internacionales de mujeres que luchan, la creación del consejo indígena de gobierno y la precandidatura independiente de Marichuy en 2018 y la Gira por la Vida en Europa, entre tantas otras acciones que han señalado horizontes de esperanza, especialmente en la agenda de los derechos humanos y en las luchas y resistencias de los pueblos indígenas a escalas nacional y global.
El valor histórico del zapatismo en México no puede disociarse de la consolidación de la lucha por los derechos humanos que precisamente encontró en el movimiento del EZLN un fuerte impulso para reiterar la urgencia de su agenda, sobre todo la imprescindible centralidad de los derechos comunitarios e indígenas para la viabilidad y pertinencia del proyecto político y democrático del país. Es así que avances como el reconocimiento de gobiernos autónomos en municipios indígenas, el respeto a los usos y costumbres, los mecanismos alternativos y comunitarios de justicia y hasta la propia la reforma constitucional de 2011 en que se reconoce la constitucionalidad de los derechos humanos son frutos colaterales de lo que el movimiento zapatista logró, no sólo como resistencia territorial, sino como articuladora de resistencias y movimientos populares en el país y fuera de él.
Sin embargo, 30 años después, las comunidades zapatistas enfrentan hoy, ya no sólo la amenaza de las fuerzas armadas del Estado y el paramilitarismo que desde hace más de tres décadas opera en su contra, sino el creciente control territorial del crimen organizado y las pugnas entre cárteles que han plagado el territorio chiapaneco, especialmente en los últimos meses. El actual rebasamiento institucional por la violencia en Chiapas no debiera sorprender a nadie, pues el EZLN durante los últimos años había advertido con insistencia sobre el avance de los grupos criminales en su territorio. Así, la inacción del Estado y la consecuente descomposición social en Chiapas provocada por la violencia pareciera ser un escenario anticipado que se dejó crecer para desarticular los múltiples movimientos de resistencia en la entidad, en los que han encontrado eco e inspiración muchos movimientos a lo largo y ancho del país.
Esta preocupante escalada de violencia macrocriminal ha dado motivo a los cambios anunciados recientemente por el EZLN relativos a la modificación de sus estructuras civiles, por las cuales desaparecen los Marez y las juntas de buen gobierno, con el traslado del poder a los gobiernos autónomos locales. Estos cambios, según lo anuncian sus comunicados, no afectan la estructura de la autonomía zapatista, pero son medidas orientadas a defender mejor a sus pueblos y comunidades ante una violencia que cada día registra balaceras, secuestros, reclutamiento forzado, cobros de piso, bloqueos, entre otras expresiones.
No obstante, el clima de violencia en Chiapas no impide la conmemoración esperanzada del 30 aniversario de una lucha ardua, en ocasiones oscilante, que ha enfrentado numerosos esfuerzos por debilitarlo, pese a los cuales ha persistido como un referente vivo de la lucha por la libertad, la autonomía y la dignidad de los pueblos oprimidos de México. A 30 años del levantamiento zapatista, su lucha sigue plenamente vigente y su dignidad continúa alumbrando nuevos horizontes para el proceso de los derechos humanos y la democracia sustantiva, entendidos como realidad social y no como meros accesorios jurídicos y método electoral. Muchos aportes deben ser recuperados y mucha reflexión deberá suscitar este 30 aniversario en pos de replantear las formas de una auténtica resistencia en los tiempos actuales; aprender de la lucha del EZLN, hacer un balance de sus mediaciones tácticas y apuestas estratégicas y, sobre todo, fortalecer la articulación de los pueblos y comunidades indígenas que, cinco siglos después, siguen resistiendo y reclamando una voz en la toma de decisiones del país.
