Las cantidades de migrantes y aspirantes a refugiados que durante 2023 ingresaron a México son de las más grandes en todos los tiempos en nuestro país; y va a seguir esa situación crítica, coincidieron especialistas en política migratoria y defensores de derechos humanos de personas en situación de tránsito irregular.

Sólo de enero a octubre de este año, se registraron 588 mil 626 eventos de personas en situación migratoria indocumentada. Se trata de la cantidad de veces que los migrantes han ingresado una o más veces al territorio nacional con la finalidad de cruzar a Estados Unidos o pedir refugio en México, según cifras de la Secretaría de Gobernación (SG).

Parte de la tragedia es que de esas personas, entre tres y cuatro mueren a diario en este drama de la movilidad, aseveró el investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Tonatiuh Guillén. Advierte: no hay factores para pensar que la situación se vaya a suavizar.

Para el experto en esta materia, 2023 fue un año donde el flujo migratorio en el país se incrementó como no se había visto en más de una década. Además, alertó que son de los números más altos de migrantes y refugiados vistos en el país, con un perfil dominante de los segundos. El flujo de migrantes aumentó muchísimo, incluyendo el de mexicanos en busca de ir a Estados Unidos.

A su vez, la secretaria técnica del Grupo de Trabajo de Política Migratoria (GTPM), Melissa Vértiz, coincidió con el académico de la UNAM y añadió que este incremento del flujo migratorio ha llevado a una crisis, porque el gobierno federal no ha tenido la capacidad para promover y garantizar los derechos de personas en contextos de movilidad.

Estamos ante un escenario donde muchas personas migrantes en México están viviendo en situación de calle y ha provocado un ambiente xenofóbico, donde vecinos han pedido el cierre de albergues porque no hay garantías para nadie, ni para los vecinos ni para la población en movilidad, lamentó.

Los datos oficiales evidencian el contraste entre los ingresos y las devoluciones en 2023. Sólo 8.6 por ciento de las personas indocumentadas en México fue devuelta a sus naciones. La estancia de personas en situación migratoria irregular subió exponencialmente; permanecen de tres a cuatro meses en la misma entidad, tratando de conseguir una cita de solicitud de asilo en Estados Unidos a través de la app CBP One o mediante alternativas en las que arriesgan la vida para cruzar la frontera.

Larga espera

Ya no sólo las deportan, ahora se quedan en México y el tiempo de espera es muy largo para un trámite ante el Instituto Nacional de Migración (INM) o para obtener una cita por CBP One. Pero quienes más lo han resentido son los albergues de la iglesia y la sociedad civil, porque se saturan y se intensificó este año, debido a la política de Estados Unidos, expresó el presidente del Consejo Ciudadano del INM, Mauro Pérez Bravo.

De enero a octubre de 2023, según datos de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la SG, 51 mil 91 migrantes fueron devueltos a sus países. De ellos, más de 4 mil se encontraban a la espera en la Ciudad de México; 7 mil 795 estaban en Chiapas, 10 mil 751 en Tabasco, 12 mil 580 en Veracruz y el resto en otras entidades de la República.

Para la secretaria técnica del GTPM, red integrada por 13 organizaciones civiles defensoras de migrantes, 2023 fue un año no sólo de tránsito de personas extranjeras en situación irregular, sino de dureza en las políticas migratorias impuestas por el gobierno de Joe Biden. Desde mayo obligaron a miles de personas a quedarse en México para conseguir su ingreso regular mediante una app.

El gobierno mexicano no mira esta situación de desencuentros y afectación para todas las personas. La gestión migratoria es continuar con la política de contención, de criminalización. Contrario a lo que se pretendía cuando se habló de una migración ordenada, segura y regular, la cual no tiene nada de eso, reprochó.

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) calcula que en el presente año más de 400 mil migrantes han cruzado la selva del Darién, entre Colombia y Panamá, rumbo al norte, lo que es una cifra abrumadora comparada con los 250 mil de 2022, lo cual ya suponía un récord.

Esta movilidad y permanencia de migrantes en México ha puesto en jaque a las autoridades migratorias del país. Se mantiene en una política de contención y recepción de personas deportadas por Estados Unidos y los albergues están rebasados en todas las ciudades donde se han concentrado.

Los trámites ante la autoridad mexicana se tardan mucho y están esperando sin ningún tipo de documentos y sin ningún tipo de protección, a expensas de ser víctimas del delito, el frío y las enfermedades, señaló Mauro Pérez.

En tanto, Tonatiuh Guillén advirtió que el gobierno de Estados Unidos sigue una política de cierre de la frontera y puede aumentar la tensión si llega más gente a la zona fronteriza. Es valioso lo que se ha hecho, pero insuficiente, y el gobierno mexicano sigue una política muy dura y alineada a los acuerdos con Estados Unidos.

Persisten violaciones a los derechos humanos

De acuerdo con los especialistas entrevistados por La Jornada, la permanencia prolongada en México de las personas indocumentadas representa un reto para el gobierno mexicano, dado que esta situación lo rebasa.

Después de la tragedia de Ciudad Juárez (el 27 de marzo de este año) pensamos que las cosas para las personas migrantes iban a mejorar, pero no fue así. Seguimos viendo violaciones a los derechos humanos, detenciones arbitrarias, acciones de contención, poca organización entre las tres autoridades de gobierno y poca apertura del INM para dialogar con la sociedad civil, reprochó el presidente del Consejo Ciudadano del instituto.

Ante ello, tanto Melissa Vértiz como Mauro Pérez recriminaron los pocos avances en el acceso efectivo a sus derechos humanos, porque la política migratoria de Estados Unidos ha afectado a México y ahora con las renuncias de servidores públicos en estos tiempos electorales no hay cohesión en el trabajo.

Si México es un país multicultural, concluyeron, no tendría que haber acciones xenofóbicas ni obstáculos para el acceso a servicios como pagar una renta, obtener una tarjeta bancaria o recibir atención médica.