Bogotá. El gobierno colombiano anunció un gigantesco despliegue militar y de policía en el suroccidental departamento del Cauca, tras una ola de acciones violentas que en las últimas 24 horas cobró la vida de cinco personas en un resguardo indígena y la del alcalde del municipio de Guachené, Elmer Abonía.

Un consejo de seguridad convocado de urgencia por el presidente Gustavo Petro constató que el Cauca vive una grave crisis pública en la que –como siempre– la peor parte la sufren las comunidades asentadas en esta región, donde operan al margen de la ley todos los grupos armados en Colombia.

Tras el consejo de seguridad de más de tres horas, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, atribuyó al frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) el asesinato de un maestro de escuela, su esposa y su hija de 15 años, sólo unas horas antes de que dos labriegos también cayeran acribillados en el resguardo conocido como Canoas del municipio de Santander de Quilichao.

Velásquez dijo que por órdenes del presidente Petro se incrementarán las acciones ofensivas del ejército y la policía, al tiempo que se tomarán medidas para capturar a los integrantes de las organizaciones armadas ilegales que han venido asesinando indígenas, miembros de organizaciones sociales y lideres comunitarios

Región montañosa, pero también con costas sobre el océano Pacífico, el Cauca es uno de los departamentos donde se concentra la mayoría de cultivos de coca, mariguana y amapola del país, lo cual hace que grupos armados de las más diversas procedencias disputen a sangre y fuego el control del territorio.

Antiguas estructuras paramilitares ligadas a carteles de narcotráfico, así como frentes guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y dos disidencias de las FARC, conocidas como Segunda Marquetalia y Estado Mayor Central (EMC), ejercen un control casi absoluto en todo el departamento, abandonado a su suerte por un Estado históricamente ausente.

Habitado en su mayoría por indígenas y poblaciones afrodescendientes, el Cauca aparece en las agendas de dos negociaciones de paz que lleva a cabo el gobierno –por separado– con el ELN y el EMC, en busca de conseguir alivios humanitarios que saquen a la población civil de la aguda confrontación armada que allí se libra.

Fuentes cercanas a los diálogos entre el gobierno y el EMC dijeron a La Jornada que, de confirmarse que este grupo fue el autor de la masacre de Santander de Quilichao, será muy difícil mantener la negociación, más aún cuando entre las partes está vigente un alto al fuego pactado hace dos meses, precisamente en reuniones sostenidas en el Cauca.

Según Danilo Rueda, ex comisionado de paz, la tragedia permanente que experimenta el Cauca tiene como única salida la realización de un gran acuerdo regional que involucre a todos los actores armados, al Estado y a las fuerzas sociales de la región.