Quito. El ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, señalado en un caso de sobornos a un juez pagados por el narcotráfico, pidió asilo al gobierno mexicano bajo el argumento de que es víctima de una persecución política, informó ayer su abogado, Eduardo Franco Loor, una maniobra que, en caso de resultar a su favor, el gobierno consideraría deplorable.

Loor indicó a la agencia noticiosa Ap que el pedido formal se sustenta en la necesidad de precautelar su vida, su integridad física y su salud ante hechos que revisten carácter político. Estos obedecerían, según el jurista, a un ensañamiento y persecución de la fiscal general del Estado, Diana Salazar.

En respuesta, el gobierno ecuatoriano expresó en un comunicado deploraría un posible otorgamiento de asilo diplomático al ex funcionario por parte de México.

La cancillería ecuatoriana precisó que convocó a la embajadora mexicana, Raquel Serur, para informarle que una eventual concesión de asilo no sería lícita, según lo previsto en la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954. Agregó que actuará con absoluta firmeza con base en los intereses del Estado.

Glas se encuentra desde el domingo pasado en calidad de huésped en la embajada de México, en Quito, a donde ingresó tras conocerse un pedido para que comparezca en la fiscalía como parte de una investigación por presunto peculado en una obra de reconstrucción de 2016, cuando ejercía el cargo. Un grupo de ecuatorianos acudió a la legación para expresar su respaldo al ex funcionario y agradecer a ese país por acogerlo.

También está señalado en otra investigación del Ministerio Público. Según la fiscal general, Glas –que está condenado por corrupción, aunque en libertad condicional desde 2022– habría salido de prisión gracias a que el narcotraficante ecuatoriano Leandro Norero, alias El Patrón, entregó un soborno de 250 mil dólares a un juez para que le concediera ese beneficio.

Para Franco Loor, esta acusación es parte de la persecución política contra el ex vicepresidente, pues sin contrastar da por cierto los chats de un narcotraficante.

En cuanto a las sentencias de seis y ocho años que cumplía Glas por asociación ilícita en el caso de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, y por un entramado de corrupción en la concesión de obras públicas, el jurista aseguró que carecieron de veracidad probatoria.

La fiscalía confirmó que se agendó para el 5 de enero la audiencia de formulación de cargos contra Glas por presunto peculado en el Caso Reconstrucción, tras el terremoto de 2016, que incluye a otros dos ex funcionarios.