Viernes 22 de diciembre de 2023, p. 26
Madrid. El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, eligió Barcelona y al presidente de la comunidad autónoma de Cataluña, el republicano Pere Aragonès, para celebrar su primera reunión con un mandatario regional desde que fue relegido en el cargo.
Ambos líderes abordaron las claves en las relaciones entre España y Cataluña: la financiación autonómica, la futura ley general de amnistía, el traspaso de las competencias en el ingreso mínimo vital y en la red ferroviaria de Cercanías, y en la ampliación del reconocimiento de las lenguas cooficiales –el catalán, el gallego y el euskera– en el conjunto de la administración del Estado.
En su discurso, Sánchez instó a Aragonès a ser más pragmático
y no centrar su discurso en la reivindicación de un referendo de independencia para avanzar en otras cuestiones relacionadas con el financiamiento público de la región, una de las más endeudadas del país. El mandatario confirmó que el Estado se hará cargo de 20 por ciento de la deuda que tiene Cataluña con el Fondo de Financiación Autonómica.
Aragonès insistió en su petición del reconocimiento al derecho de autodeterminación: Se nos dice que el referendo no es posible, como se nos decía que no lo era la amnistía
, le espetó, al tiempo que exigió una ampliación de los derechos lingüísticos de las regiones con lengua propia, como son Cataluña, el País Vasco y Galicia, sobre todo en el conjunto de la administración pública del Estado.
Mientras, la Conferencia Episcopal Española encargó al despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo un informe sobre los abusos sexuales en la Iglesia católica, que vio la luz y en el que se recogieron hasta mil 302 denuncias de casos de abusos sexuales y un mínimo de 2 mil 56 víctimas
.
El informe, que molestó a los obispos españoles, es muy inferior en gravedad y número que el presentado hace más de mes y medio el Defensor del Pueblo, que cifró en más de 400 mil
las víctimas de abusos sexuales a manos de curas o religiosos.
El informe recomienda establecer una comisión independiente para la reparación integral de las víctimas.