La Comisión de Derechos Humanos (CDH) emitió la recomendación 18/2023 a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) por el caso de una persona con discapacidad sicosocial que fue víctima de tortura tras ser detenida de forma ilegal y arbitraria.

Jorge Alberto Burelo Gómez, empleado de un negocio familiar, fue aprehendido el 17 de mayo de 2019 al salir de su casa. Con golpes y amenazas, agentes de la Policía de Investigación lo subieron a una camioneta y en el trayecto fue sometido a tortura psicológica.

Desde 2019 ninguna autoridad ha ofrecido versión oficial del motivo de la detención; sin embargo, se dio conocer que fue por el inicio de una investigación por narcomenudeo en su modalidad de posesión.

En una segunda versión se informó que fue por una orden de aprehensión girada en el estado de México y que cumplimentó el Ministerio Publico de la fiscalía de Gustavo A. Madero, pero la aprehensión no coincide con la fecha y hora del arresto; además, surgieron otras versiones que llevaron al organismo a identificar la detención arbitraria que mantiene a Jorge Alberto en prisión.

La tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes son una práctica recurrente a partir de la prevalencia de las detenciones arbitrarias, aun cuando el marco constitucional pretende prevenirlas por parte de agentes de las distintas corporaciones policiacas, advirtió la presidenta de la CDH, Nashieli Ramírez Hernández.

Al presentar la recomendación, expuso que la última Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2021 señala que 43 por ciento fueron víctimas de una detención arbitraria.

Ante las violaciones sufridas por Jorge Alberto, el organismo señaló que la recomendación deberá ser integrada a la carpeta de investigación en trámite por tortura ante la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos, a fin de que las evidencias documentadas sean consideradas por la autoridad ministerial.

Además, esa instancia deberá brindar certeza jurídica a las víctimas por medio de un informe del estatus que guarda la carpeta de investigación por actos de tortura infringida por 10 policías.