Austin. La Casa Blanca consideró ayer deshumanizante la ley firmada el lunes por el gobernador de Texas, Greg Abbott, que permite a la policía detener a quienes se sospeche que cruzaron de forma irregular la frontera de Estados Unidos y otorga a los jueces locales autoridad para ordenarles que abandonen el país, al tiempo de que organizaciones defensoras de los derechos civiles impugnaron esa medida ante tribunales y más de 20 congresistas demócratas enviaron una carta al fiscal general, Merrick Garland, para impedir que entre en vigor la iniciativa del mandatario republicano.

Karine Jean-Pierre, vocera de la Casa Blanca, señaló en conferencia de prensa que la nueva medida no aumentará la seguridad en las poblaciones cercanas a la frontera con México. Afirmó que esta legislación demoniza y deshumaniza profundamente a los indocumentados que llegan a ese territorio.

Esto no es lo que debemos ser como país, puntualizó Jean-Pierre, y recordó que la medida se suma a una serie de políticas antimigratorias de Abbott, como la colocación de alambres de púas en la frontera y boyas en el río Bravo. No aclaró si la administración de Biden demandará al gobierno texano, como ya ha hecho antes, y subrayó que esta es una decisión que corresponde al Departamento de Justicia.

El control de la migración es una responsabilidad federal, pero la ley firmada por Abbott permite a cualquier oficial de la ley en Texas arrestar a personas sospechosas de haber ingresado al país sin documentos.

Los detenidos podrán aceptar la orden del juez de salir de Estados Unidos o ser procesados bajo cargos de ingreso ilegal. Aquellos que no abandonen el país podrían ser procesados nuevamente bajo cargos más severos.

Mejoras en detenciones

A su vez, la Patrulla Fronteriza mostró a medios de comunicación mejoras en las condiciones de detención de migrantes y en los cronogramas de procesamiento, pero el flujo humano es abrumador, indicó la agencia Ap.

Por lo pronto, más de 20 congresistas demócratas, entre ellos Joaquin Castro, enviaron una carta al fiscal Garland para que impida la entrada en vigor de la ley promulgada por Abbott, que sería en marzo próximo, y advirtieron que su aplicación derivará en racismo, en violación del debido proceso, arresto ilegal de ciudadanos y residentes permanentes.

▲ Éxodo de migrantes de Piedras Negras, Coahuila, hacia Eagle Pass, Texas, donde son detenidos por la Patrulla Fronteriza y procesados.Foto Cuartoscuro

Indicaron que la ley regresa a Estados Unidos a una etapa vergonzosa de la historia, la llamada Operación Wetback de los años 1950, en la que muchos fueron deportados y si tenían propiedades, les eran arrebatadas. Los legisladores describieron la ley de Abbott como la más extrema, inconstitucional y peligrosa.

La Unión Estadunidense de Libertades Civiles (ACLU) de Texas y el Proyecto de Derechos Civiles de Texas, a nombre del condado de El Paso y dos grupos de asistencia, presentaron una demanda para impugnar esta ley, con el argumento de que infringe la autoridad del gobierno federal plasmada en la Constitución para hacer cumplir las leyes de inmigración del país.

La querella, presentada ante el tribunal federal de Austin, sustenta que esta normativa es anticonstitucional porque, entre otros aspectos, impide a los migrantes solicitar asilo u otras protecciones humanitarias que ofrece el gobierno estadunidense.

En este contexto, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, con sede en Nueva Orleans, impidió temporalmente que el gobierno de Biden retire las alambradas que Texas colocó a lo largo de su frontera con México.

Argumentó que un juez se equivocó al dictaminar que el gobierno era inmune a una demanda texana que alegaba que la política federal de retirar las vallas era ilegal. Así, ordenó a las autoridades migratorias que no destruyeran las vallas hasta que las autoridades texanas resolviera su recurso contra la sentencia de un juez que desestimó el caso.

En tanto, familias migrantes y sus defensores marcharon frente al ayuntamiento de la ciudad de Nueva York para exigir que el alcalde, Eric Adams, ponga fin a su plan de limitar los días, hasta 60, a los migrantes recién llegados para poder permanecer en los albergues operados bajo su gestión.