Panamá. El gobierno de Panamá anunció ayer un plan de acción para el cierre definitivo de la mina de cobre operada por una subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals, la más grande de Centroamérica a cielo abierto, y cuyo contrato con el Estado generó las mayores protestas en décadas y fue declarado inconstitucional por la justicia a finales de noviembre.

El ministro de Comercio e Industrias, Jorge Rivera Staff, explicó a los medios que el plan involucra medidas para la preservación del medioambiente y estrategias para defenderse ante eventuales arbitrajes internacionales producto del cierre anticipado de la mina. También incluye esfuerzos para sustituir esa actividad, que según la empresa aportaba 5 por ciento del producto interno bruto panameño.

El funcionario dijo que el cierre definitivo podría extenderse hasta 10 años o más y reiteró que las operaciones de extracción, procesamiento y comercialización del metal han finalizado en la mina situada en una amplia zona rica en biodiversidad y recursos hídricos al norte del país.

Es importante señalar que hay una serie de actividades mínimas de preservación ambiental y de gestión segura de las instalaciones que no pueden ser finalizadas de la noche a la mañana, deben ser parte del cierre ordenado del proyecto, para lo cual requieren de insumos y de personal para ser llevadas a cabo, indicó el ministro.

First Quantum cesó operaciones en Panamá después de que el pasado 28 de noviembre la Corte Suprema declaró inconstitucional el acuerdo al que había llegado con el gobierno para explotar la mina por 20 años prorrogables.

Esta decisión judicial se emitió tras más de un mes de multitudinarias protestas contra el acuerdo alcanzado entre el gobierno y la empresa canadiense para seguir las operaciones, que comenzaron en 1997, en el país centroamericano.

La mina de cobre a cielo abierto está ubicada en el Caribe panameño. Desde 2019 producía unas 300 mil toneladas de concentrado de cobre anuales, que representaban 75 por ciento de las exportaciones panameñas.

La empresa minera subrayó que la Corte Suprema ignoró un escenario de cierre planificado en el que, según afirmó, se deben implementar medidas ambientales claves para mantener la seguridad del sitio durante el proceso de cierre.

Por otro lado, la empresa informó que solicitó autorización al Ministerio de Trabajo para poner fin a los contratos de más de 4 mil empleados de la mina mientras ponía en vigor un programa de retiro voluntario con otra parte de los colaboradores. La empresa aseguró que generaba 7 mil plazas directas.

Detalló que algunos trabajadores seguirán para atender la seguridad de las instalaciones y evitar pérdidas o daños ambientales dentro del complejo industrial, que incluye una planta de generación eléctrica, un puerto internacional, la mina y la planta de procesamiento del mineral.

El contrato declarado inconstitucional también contemplaba aportes al Estado por al menos 375 millones de dólares anuales, 10 veces más que el acuerdo original, pero sus detractores consideraron insuficientes estas regalías.

La empresa inició un proceso arbitral internacional en Miami, Estados Unidos, en virtud del Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Canadá.

Si el país centroamericano pierde el arbitraje se enfrenta a tener que pagar indemnizaciones multimillonarias.