En materia de derechos humanos, 2023 no dejó un saldo positivo en México, ya que los procesos de verdad y justicia no han registrado avances, se criminaliza el trabajo de organizaciones civiles y siguen aumentando los casos no resueltos de desaparición de personas, advirtieron integrantes del Comité 68 Pro Libertades Democráticas.

El balance no es bueno. Los procesos de justicia se han estancado, por ejemplo en el caso Ayotzinapa, donde yo no veo ningún avance. Durante mucho tiempo protestamos porque se criminalizaba a los defensores de derechos humanos y hoy estamos ante una repetición de esos hechos con lo que está ocurriendo con el Centro Prodh, cuya labor fue criticada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló Félix Hernández Gamundi.

En entrevista con La Jornada, en el marco de una convivencia de fin de año convocada por el Comité 68, el activista también lamentó que hoy más que nunca se habla de una cantidad muy grande de desapariciones en el país, la cual se ha acumulado durante los últimos 18 años, pero lo más preocupante es que no hay avance en el esclarecimiento y ha aumentado el número de víctimas.

Pese a la gravedad de este fenómeno, dijo, el aparato de impartición y procuración de justicia anda en otra cosa. Es obvio que el foco de la Fiscalía General de la República y de las fiscalías de los estados está en otro lado, menos en los temas tan sentidos donde la población reclama justicia.

Cuentas malas

Por su parte, Víctor Guerra, abogado del Comité 68, coincidió en que el año que está por concluir no dejó buenas cuentas en temas de derechos humanos. Este gobierno estableció la Comisión de Acceso a la Verdad y la Justicia, pero ha sido un fiasco, porque su conclusión más grandiosa es lo que ya planteamos nosotros hace mucho tiempo: la creación de una fiscalía sobre delitos graves ocurridos en décadas anteriores.

Ante dichas fallas, el litigante subrayó que el Comité 68 y al menos otros 35 colectivos y organizaciones han impulsado una coordinación permanente para enfrentar las políticas que el Estado lleva a cabo, luchar contra la impunidad y por el castigo a todos los responsables de los crímenes del pasado y del presente.

Por lo anterior, señaló Hernández Gamundi, en 2024 el reto es que seamos capaces de organizarnos y revitalizar la acción de la justicia. Nosotros tenemos la responsabilidad histórica de ir junto con los jóvenes, que luchan sistemáticamente y con mucha convicción.