La intervención militar en la Guardia Nacional (GN) sí es complementaria a la tarea de las policías civiles federal, estatal y municipal, y el hecho de que los operativos se decidan en las mesas de construcción de la paz deja claro que existe un mando policial civil, concluyó la comisión bicameral del Congreso que supervisa la participación de las fuerzas armadas.

“La participación profesional y comprometida de soldados y marinos bajo un marco normativo claro y preciso revirtió el deterioro de las condiciones de seguridad pública en el país. Su trabajo ha permitido mejorar los resultados de la estrategia de combate al delito (…) y se ha contenido a la delincuencia organizada”, concluyó la comisión en el dictamen al informe semestral del Ejecutivo sobre la GN de noviembre de 2022 a mayo de 2023.

En el documento, aprobado la noche del miércoles por la Cámara de Diputados, la comisión resaltó que en tanto se consolida la GN, resulta fundamental el apoyo de la fuerza armada permanente en tareas de seguridad, pero también pidió a los gobernadores presentar en febrero de 2024 una ruta de retiro gradual de militares y fortalecer a las policías estatales.

Además, el reporte detalla que el número de elementos de la fuerza armada permanente desplegada en el territorio en tareas de seguridad pública, a partir de la facultad que dio el Congreso al Presidente en la reforma constitucional para operar la GN, asciende a 79 mil 399.

De éstos, 59 mil 217 son militares, de los cuales mil 590 están desplegados en 83 instalaciones estratégicas; 2 mil 74 en áreas geográficas específicas, donde la delincuencia organizada mantiene confrontaciones abiertas en contra de autoridades civiles, y mil 750 en la Fuerza de Tarea Conjunta México. Otros 20 mil 182 son marinos, de los cuales 3 mil 480 están comisionados a dependencias de seguridad y 16 mil 702 son elementos de los batallones.

Índice de letalidad

La información incluye un balance de los indicadores que permitan medir el índice de letalidad del uso de la fuerza durante las agresiones contra militares. Se determinó, resalta, que hay menor cantidad de civiles fallecidos y más detenidos y puestos a disposición de las autoridades competentes.

Durante el semestre que se reporta, la fuerza armada permanente ha recibido 231 agresiones, resultando 140 personas agresoras fallecidas contra 197 heridas y detenidas, teniendo como índice de letalidad de menos 57, siendo ello favorable para la fuerza armada desplegada en apoyo a las autoridades de seguridad pública.

El dictamen, de 213 cuartillas, reconoce que el miedo al delito dejó de ser una de las tres principales preocupaciones de la población. Los índices delictivos van a la baja, mientras la percepción de seguridad de la población va al alza.

Sin embargo, senadores y diputados manifestaron que no contaron con información suficiente de los gobernadores sobre las instituciones de seguridad pública, que permitan a la comisión bicameral valorar el estado de la fuerza pública en los estados.

Por ello se incluyó un exhorto a los gobernadores para que en un plazo máximo de 60 días envíen a la comisión el diagnóstico y programa de fortalecimiento de sus cuerpos policiacos, el uso y destino del gasto en seguridad y el seguimiento a la evaluación integral del estado de fuerza de cada entidad.