El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús rechazaron ayer los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien sostuvo en su conferencia matutina que la organización defendió a víctimas y victimarios en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

En respuesta a las acusaciones, la organización consideró que las falsedades y descalificaciones son especialmente graves porque provienen del jefe del Ejecutivo.

La congregación religiosa rechazó enfáticamente las descalificaciones injustas hacia la valiosa labor que el Centro Prodh ha realizado durante 35 años; tarea con un alto grado de profesionalismo y siempre del lado de las víctimas.

En tanto, el organismo de derechos humanos expresó que “lo dicho en la conferencia es falso. Nuestra labor, junto con otras organizaciones respetadas de la sociedad civil ha sido defender los intereses y derechos de las familias, poniendo a las víctimas al centro. Eso nos ha llevado a denunciar la existencia de la tortura en la investigación inicial que llevó a la verdad histórica, que paradójicamente es la que hoy respalda el Presidente con sus dichos".

La orden religiosa aseveró que la esencia del Centro Prodh no ha cambiado, especialmente respaldamos a los últimos dos directores laicos: Mario Patrón Sánchez y a Santiago Aguirre Espinosa, así como a sus comprometidos equipos, que cuentan con el apoyo de la comunidad jesuita en México.

El Prodh sostuvo que las críticas obedecen a que no hemos callado nuestros señalamientos sobre la persistencia de la impunidad, la violencia y el encubrimiento al Ejército, y negó que haya interpuesto demandas de amparo contra el nombramiento de la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Teresa Reyes Sahagún, pero ratificó sus críticas al procedimiento, que no fue el adecuado.

La Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos respaldó la labor del Centro Prodh y señaló que las autoridades tienen el deber de reconocer la legítima labor de las organizaciones de derechos huma