reativos, como siempre, los argentinos de inmediato bautizaron el draconiano programa económico de emergencia que a rajatabla impone el anarcocapitalista Milei e hizo público –parcialmente– Luis Toto Caputo, su ministro de Economía (de Finanzas y presidente del Banco Central de la República Argentina con el mafioso Mauricio Macri). Lo denominan Caputazo y no es para menos: megadevaluación (118 por ciento y contando), liberación de precios –de los alimentos a los combustibles; sólo ayer, 37 por ciento a la gasolina–, fin de los subsidios (energía, transporte y más), inflación galopante (se estima 60 por ciento sólo en los dos primeros meses del nuevo gobierno), jubilaciones –de por sí reducidas– a la baja, desempleo creciente, industricidio, impuestos al alza (antes de subirlos, me corto un brazo, prometió), recesión, mayor pobreza y todo ello, y algo más, apenas es el telón de lo que viene, advierte el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Devastador, pero el terremoto económico-social sólo es para los de a pie (la gente está muy contenta porque entendió, presume el cínico ministro de Economía), que son el verdadero objetivo del Caputazo. Recuérdese que Milei prometió acabar con la casta (político-empresarial), pero sólo fue estrategia de campaña, como tantos otros compromisos, pues ha sido esa misma casta la que ha puesto a caminar la trituradora social.

Mientras masacran a la población, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha puesto en operación una suerte de mezcla de Fobaproa y Ficorca (Fideicomiso de Cobertura de Riesgos Cambiarios) a ritmo de tango, pues de un plumazo estatizó más de 30 mil millones de dólares de deuda privada con proveedores foráneos, con el objetivo de rescatar a importadores de bienes y servicios pendientes de pago (de la casta). Así de fácil.

Aunque claramente estas decisiones son del manual tecnocrático, da la impresión de que Milei y Caputo consultaron a Ernesto Zedillo, porque siguen las recomendaciones de este oscuro personaje, quien puso en marcha el Fobaproa (creado por Carlos Salinas de Gortari en 1990), al tiempo que encabezó el Ficorca (creado por Miguel de la Madrid en 1983). Con el primero rescató a los especuladores que adquirieron los bancos reprivatizados en el salinato (1991-1992) y pasó la factura a los mexicanos (si bien va, terminarán de pagar en 2070); mediante el segundo, subsidió al gran capital con un tipo de cambio preferencial, mucho menor al oficial, para amortizar en pesos su deuda externa; la diferencia fue cargada a las arcas nacionales (se estima que el monto involucrado superó 25 mil millones de dólares y mayoritariamente benefició a sólo 30 grupos empresariales).

Un tercer elemento a considerar: Salinas-Zedillo y los Tesobonos, creados por el primero, en pesos y pagaderos en pesos al tipo de cambio de la fecha de vencimiento; los barones y sus casas de bolsa los acapararon (especialmente Accival, de Roberto Hernández y Alfredo Harp Helú) y con ellos especularon hasta reventar; llegó el error de diciembre y el segundo decidió pagar esta deuda rápido y en dólares, sin autorización del Congreso: 30 mil millones.

Sirvan esas referencias para calibrar la decisión de Milei: el BCRA creó los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal), contratados en pesos argentinos, pagaderos en dólares, con una tasa de interés anual de 5 por ciento y vencimiento el 31 de octubre de 2027 (poco menos de un mes antes de que Milei concluya, si en realidad lo hace, su mandato constitucional). Especialistas de aquella nación comentan que buena parte de esa deuda corresponde a filiales de trasnacionales que operan en ese país, es decir, se autoprestan y se autodeben, lo que resulta un verdadero atraco, uno de tantos.

En cambio, a los consumidores que con su tarjeta de crédito o débito adquieran bienes o servicios en el extranjero, Milei aplica un tipo de cambio especial: 64 por ciento superior al oficial (mil 312 contra 800 pesos argentinos por dólar).

Y lo que falta.

Las rebanadas del pastel

De pilón, Milei anuncia represión social, mediante su protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación, que incluirá sanciones severas a todos aquellos involucrados en impedir la libre circulación de los argentinos, y esto alcanza al que corta, transporta, organiza y financia. Lo aplicará la perversa ministra de Seguridad, Patricia Bullrich (también lo fue de Macri), a pesar de que la Constitución garantiza el derecho a manifestarse.

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