Guatemala. La Corte de Constitucionalidad de Guatemala ordenó ayer garantizar la toma de protesta del presidente electo, el opositor Bernardo Arévalo, al acoger un recurso de amparo contra las maniobras de la Fiscalía General orientadas a impedir que asuma el poder el 14 de enero.

La máxima instancia judicial del país decidió conminar al Congreso (...) a garantizar la efectiva toma de posesión de todo funcionario electo en el proceso comicial de 2023, conforme los derechos de oficialización y validación de resultados, se indicó en un comunicado, tras emitir su fallo sobre el recurso presentado en octubre por un grupo de abogados y ciudadanos que pedía despejar de obstáculos judiciales el ascenso de Arévalo al poder.

La resolución, dictada a un mes del cambio de mando, también protege la toma de posesión de la vicepresidenta Karin Herrera, de los 160 diputados, 340 alcaldes y 20 representantes al Parlamento del país centroamericano electos en las urnas este año. Este tribunal, por las circunstancias acreditadas, y siendo el momento oportuno para salvaguardar el orden constitucional y el estado constitucional de derecho en Guatemala, decidió otorgar el amparo definitivo, declaró la Corte.

El máximo tribunal había dictado un amparo provisional en octubre, pero el lunes abogados y ciudadanos encabezados por el constitucionalista Édgar Ortiz, pidieron una debida ejecutoria luego de que el viernes pasado la fiscalía presentara una investigación que imputaba anomalías en las elecciones, por lo que consideraba que debían declararse nulas.

Advierten a quien incumpla el fallo

Estas disposiciones se emiten bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, los responsables incurrirán en las responsabilidades civiles y penales correspondientes, señaló la Corte.

Aunque ordenó garantizar la transición, el órgano judicial señaló que su fallo es sin perjuicio de las facultades de investigación y acusaciones que corresponden al Ministerio Público y los jueces del orden penal.

De manera paralela, el cuestionado fiscal Rafael Curruchiche solicitó ayer a la Corte Suprema levantar la inmunidad de la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Blanca Alfaro, para que sea investigada por presuntas ilegalidades en los comicios. Además, Curruchiche acusó a Alfaro de obstaculización a la acción penal por agredir a fiscales en un allanamiento a oficinas del TSE en septiembre, cuando fueron requisadas varias cajas con material de los comicios.

En tanto, el Parlamento Europeo aprobó ayer una resolución no vinculante que pide la adopción de sanciones contra los responsables por la tentativa de golpe de Estado en Guatemala.