a crisis política de Nuevo León afloró generosas muestras de alrevecismo y bonhomía política. Veamos.

Samuel García, gobernador del estado, y su secretario general de Gobierno, Javier Navarro, acudieron a unos jueces para que éstos no extrañaran la prevaricación. Así lograron lo que ambos funcionarios habían promovido: el gobernador, para que no se abrieran carpetas de investigación en su contra y de sus familiares más cercanos, a fin de que pudiera hacer efectiva su aspiración a competir por la Presidencia de la República, y Navarro, para ser el gobernador interino. No es que ellos quisieran omitir las facultades del Congreso estatal llegado el momento, sino que optaron por ahorrarle trabajo. Como diciéndole: ntp.

Llegó ese momento y el Congreso le otorgó la tal licencia hasta por seis meses. Lo que no le concedieron, por amor a la diversidad, fue que Navarro se quedara como interino. Este sentimiento lo apoyaron los diputados de la mayoría legislativa en la Constitución local reformada por García (artículos 120 al 123). Acto seguido, nombraron al ex presidente del tribunal de justicia –había renunciado horas antes a su cargo judicial–, no por otra razón sino por su naturaleza precavida. En su empeño no se dieron cuenta de que el ordenamiento constitucional prohíbe tal nombramiento (artículo 132). Ambos poderes tuvieron que reiniciar sus formas diplomáticas.

Entre tanto, el gobernador no esperó a que la licencia entrara en vigor e inició su campaña electoral bajo el criterio de todoterreno. Con ello inauguraba la modalidad del doble rol de gobernador y candidato. Con mucha suerte, hay que decirlo, pues en apenas cuatro días de campaña, según él, puso nocaut, tanto a Xóchitl como a Claudia (Dante Delgado, el jefe de Movimiento Ciudadano –MC–, pareció mezquino, pues afirmó que puso a temblar al sistema, no en cuatro, sino en 10 días, mientras daba unas pataditas con sus tenis fosfo-fosfo).

En ese lapso, el secretario general de Gobierno ofreció a los diputados de la mayoría parlamentaria, en un genuino gesto de largueza, los 2 mil 500 millones de pesos que hace casi un año García debió entregar a los municipios que no comulgan con su partido, así como otros obsequios, a cambio de que aceptaran que él fuese el gobernador interino. Los diputados agradecieron la deferencia y dijeron no.

Faltando 72 horas para que operara el inicio de su licencia, el gobernador regresó a sus funciones constitucionales.

Desde los altos podios de la 4T se reiteraron, con afecto cuasi filial, actitudes de gran aliento para que García pudiera abrirse paso hacia la Presidencia sin obstáculos con nombre y apellido. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia y el tribunal federal electoral ratificaron la legalidad de Luis Enrique Orozco como gobernador interino.

A punto de que García iniciara su campaña, el Congreso, que sesionaba a puerta cerrada, fue objeto de una visita masiva de ciudadanos identificados con MC. En su ferviente propósito de civilidad, forzaron las puertas del recinto legislativo donde algunos parecieron ver el espectro de Pío Marcha interrumpiendo la sesión del Congreso en 1822 para proclamar emperador de México a Agustín de Iturbide. (¿Alguien pensó que la atenta visita partidaria era para proclamar al gobernador Samuel I de Nuevo León?) Los que sueñan en España como retiro espiritual quisieron ver, entusiastas, el fantasma del coronel Tejero irrumpiendo en el Congreso de los Diputados para mostrar a los españoles que el franquismo estaba vivo. Pese a lo que los malpensados vieron como atentado golpista, los diputados continuaron sesionando y nombraron interino a Orozco.

Ya para lanzarse a la arena electoral como candidato de MC, García dijo, en un acto de caballerosidad, que declinaba su candidatura (obviamente, en favor de Claudia y Xóchitl). En no pocos medios se preguntaron si otro había sido el verdadero motivo por el cual García se retiraba de la competencia. Acaso su cuidadosa atención a las cuentas públicas. Después de todo, el poder se quedaba en manos de un interino a quien nadie obedecía y detrás de él se mantenía el poder real conocido como Consejo Nuevo León –organismo público-privado– cuyo círculo decisorio está constituido por 16 ciudadanos ligados todos a la empresa.

Ya en funciones, Samuel llamó a los diputados, en una efusión de cortesía, “ güeyes , ratas, malandros”, y mostraba una cartita a Santoclós (el gobernador negó que él era el rollizo personaje neerlandés) donde le solicitaban cargos y dinero que, según los parlamentarios, por derecho les corresponden.

Me interrogo si, como sucedió la madrugada siguiente a la publicación de mi artículo El nuevo traje del gobernador, no seré objeto de una nueva atención parecida a la del asalto de mi vehículo.

Propio de su catadura, El Bronco cerró la primera parte de la telenovela con un gentil –y ya popular– comentario: Qué bonito día. Dormí muy bien. ¿Me perdí de algo?