na vez más los migrantes son objeto de persecución y abierta hostilidad por las fuerzas de la derecha en Estados Unidos, ahora inmersas en tiempos electorales, con la renovación en juego de la Presidencia de ese país. Irracional e insensible que ahora sectores del Partido Republicano estén condicionando al gobierno demócrata en funciones a que el Congreso sólo apruebe otra partida presupuestal de apoyo a Ucrania, en su guerra con Rusia, si endurece su política migratoria y blinda la frontera con México.

Los republicanos concretamente se niegan a aprobar más fondos para Ucrania sin medidas adicionales para reducir el número de migrantes que intentan cruzar irregularmente una frontera que los divide no sólo de nuestro país, sino de Latinoamérica, una negociación atípica que reduce el dolor humano de cientos de miles de hermanos de lengua, historia y cultura a una simple moneda de cambio.

Ese endurecimiento significaría incremento de los agentes migratorios en la frontera, imponer nuevas restricciones a los solicitantes de asilo y ampliar los procesos de deportación de migrantes, muchos de los cuales viajan en condiciones ya de por sí muy precarias junto con su familia, incluidos menores de edad.

El acuerdo contemplaría alguna forma de cláusula de tercer país seguro que negaría el asilo a los migrantes que pasaran por otro país de camino a Estados Unidos. Otro posible acuerdo podría ser la ampliación de un proceso de deportación rápida conocido como expulsión acelerada, lo cual significaría que las autoridades migratorias aplicarían ese método en todo el país y ya no, como ahora, sólo en la frontera con México.

Lo peor es que ha trascendido que, antes de las vacaciones defin de año, el gobierno estadunidense cederá a las presiones y llegará a un acuerdo con estas expresiones derechistas del Congreso para incrementar la ayuda militar a Ucrania.

De suscribirse un acuerdo de esta naturaleza, que aún no es un hecho consumado, sería una medida xenofóbica y racista que se sumaría a la embestida del gobierno y el Congreso republicanos de Texas contra el cruce de los migrantes por su territorio, una persecución ya con estatus de criminalización.

En efecto, apenas el mes pasado el Congreso de Texas aprobó la iniciativa de ley SB4, que otorga facultades al gobierno local en materia migratoria, usurpa funciones que hoy son materia del gobierno federal de Estados Unidos, y eleva a rango de delito transitar sin documentación migratoria por cualquiera de sus condados.

De acuerdo con la nueva legislación texana, ostensiblemente contraria a la Carta Magna estadunidense y su sistema federal de competencias, el gobierno estatal y las administraciones locales de los condados pueden ahora deportar a cualquier ciudadano con estancia irregular, ya sin intervención de las autoridades migratorias federales.

Al amparo de la nueva legislación, la policía de Texas podría arrestar a indocumentados para canalizarlos a jueces locales que ordenen su deportación a México, desde que ingresen al territorio estatal. Los deportarán a nuestro país aunque sean ciudadanos de otras nacionalidades, sin que se requiera, como ahora, un acuerdo con las autoridades mexicanas.

Esta nueva legislación regresiva y neofascista no sólo se reduce a la expulsión ilegal y sumaria de los migrantes, sino que podría alimentar, como ha ocurrido muchas veces, un clima de hostilidad, fermento de los crímenes de odio, por xenofobia y racismo.

Afortunadamente, no estamos ante una legislación sustentada constitucionalmente, por lo que ha iniciado la bata-lla legal en las cortes estadunidenses para abrogarla e invalidarla, por invadir una competencia explícitamente federal.

No es la primera vez que observamos esta embestida antimigrante en Texas. Baste recordar la operación Estrella Solitaria, lanzada por el gobernador Greg Abbott en 2021, que se basaba en la securitización de los migrantes, es decir, la elevación del fenómeno migratorio a un rango de amenaza a la seguridad del Estado, lo que abría la puerta para la violación de sus derechos humanos; también los cientos de autobuses con migrantes que han enviado a Nueva York y Washington, y, recientemente, las execrables boyas colocadas a lo largo del Río Bravo.

Sobre este último punto, es una buena noticia para los migrantes que una Corte Federal de Apelaciones en Estados Unidos haya ordenado, el pasado 1º de diciembre, remover la barrera de boyas flotantes que el gobierno texano colocó sobre el cauce del Río Bravo en julio, al considerar que esa medida es violatoria de leyes federales que regulan la navegación. En una decisión de 2 contra 1, la Corte Federal de Apelaciones del quinto circuito con sede en Nueva Orleans coincidió con la decisión en septiembre de un juez federal de que el llamado muro flotante con México viola la Ley Federal de Ríos y Puertos de 1899.

En suma, es preciso sumar nuestras voces, desde todos los espacios de opinión, para demandar una política de migración ordenada, civilizada y homologada en Estados Unidos, con respeto pleno a los derechos humanos de quienes sólo buscan, con su trabajo y esmero, una mejor calidad de vida, para ellos y su familia. Los migrantes no deben ser moneda de cambio en la política internacional de ningún gobierno.