Al diseñar ajustes a su presupuesto tras el recorte de 5 mil 3 millones de pesos ordenado por la Cámara de Diputados, el Instituto Nacional Electoral (INE) perfila no tocar dos aspectos fundamentales: la calidad de la organización de las elecciones de 2024 y su plantilla laboral.

La Comisión Temporal de Presupuesto dio ayer el visto bueno a la estrategia que será sometida la semana próxima a la Junta General Ejecutiva y al Consejo General del organismo.

El INE salvaría el recorte de una manera relativamente sencilla: descartan los 4 mil millones colocados de manera precautoria para consultas ciudadanas, pues al vencimiento del plazo legal, el pasado 30 de noviembre, nadie solicitó, mientras que si hubiera elecciones extraordinarias pedirían a la Cámara recursos adicionales.

Para armonizar el resto del recorte optaron este año por adelantar pagos de la impresión de boletas, a fin de no hacer todo este gasto en el presupuesto de 2024.

Carla Humphrey, presidenta de esta comisión, explicó que la propuesta de cambio se articuló con tres ejes rectores: no comprometer de manera alguna los estándares de calidad del instituto y de certeza del desarrollo del proceso electoral, no afectar los derechos laborales y presentar con el mayor detalle posible en términos de la desagregación de gasto (presupuesto base, cartera institucional de proyectos y por unidad responsable y partidas relevantes).

Si bien la bolsa general para el INE y el financiamiento público a los siete partidos políticos nacionales estaba programada en 37 mil 770 millones, con el recorte quedó en 32 mil 767 millones.

Las autoridades administrativas del INE determinaron que la reducción aprobada por la Cámara de Diputados no tuviera impacto en la organización de los procesos federal y locales 2023-2024; tampoco en 32 juntas generales ejecutivas y 300 juntas distritales ejecutivas, ni de manera sustantiva en las oficinas centrales, sino en algunos otros gastos. Con base en ello se ubicaron elementos de armonización, como el parque vehicular, la obra pública, partidas de gastos centralizadas, servicios administrativos y partidas restringidas, entre otros proyectos.

Los recursos solicitados específicamente para el INE ascendían a 23 mil 757 millones, integrados (entre otros) por 8 mil 816 millones de presupuesto base capítulo 1000 (servicios personales), 4 mil 311 millones en presupuesto base, capítulos 2000 y 6000, de materiales y suministros e inversión pública. En estos últimos se redujeron 266 millones.

En la cartera institucional de proyectos, el INE había pedido 10 mil 629 millones y aquí la baja sería de mil 167 millones.

También se redujeron gastos en el fortalecimiento de la gestión administrativa y cultura del servicio público.