ensar es cruel, pero no saber pensar también lo es, dejó dicho Antonin Artaud. Incluido el torcido criterio de algunos metidos a jueces, pudo añadir.

Cuando con el pretexto de su campaña de despedida de los ruedos de México el rejoneador navarro Pablo Hermoso de Mendoza toma y colma las plazas del país, recibe reconocimientos por su brillante trayectoria, devela placas en varios cosos recordando la histórica fecha, es nombrado ciudadano distinguido de una y otra población, le ofrecen comidas o cenas autoridades locales que se fotografían con el homenajeado y este decide apoyar la defensa organizada de la tauromaquia mediante su valiosa aportación económica, no estamos ante un héroe mítico sino frente al redentor a caballo de todo un pueblo y su tradición taurina, no sólo acomplejado y dependiente, sino convencido de su incapacidad de tener Hermosos de Mendoza propios.

Por ello, no es de extrañar que transcurrido año y medio de la improcedente decisión de un conmovido juez (Jonathan Bass Herrera) de suspender la actividad taurina en la Plaza México a instancias de un grupúsculo de aventureros autonombrado Justicia Justa, el pasado miércoles la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anulara la arbitraria medida impuesta desde mayo del año pasado.

Los ministros aprobaron por unanimidad el proyecto de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, al estimar que el grupito que presentó el amparo no acreditó tener una afectación inminente e irreparable que hiciera necesaria una medida cautelar en lo que se resuelve el fondo del juicio. El proyecto señala que la suspensión carece de base jurídica y que en ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquellos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda. Agrega que la suspensión concedida en primera instancia afectaba los derechos legales de las empresas y personas que se dedican a este espectáculo. Pero lo anterior no le pareció relevante al sensible juececito, desconocedor del rito táurico, de sus implicaciones culturales, económicas y sociales y, lo más grave, omitió un elemental criterio jurídico que evitara sospechas de complicidad entre el juzgador y los quejosos.

Tras la euforia de los aficionados y la rabia de los animalistas por esta decisión de la SCJN, surgen varias preguntas: ¿Alguna autoridad será capaz de sancionar enérgicamente al comedido juez Jonathan Bass por restringir derechos a su antojo o tamaña pifia profesional carecerá de consecuencias? ¿Habrá una multa para el subvencionado grupito Justicia Justa o es peccata minuta del animalismo fanatizado? La cautelosa empresa, mansas agrupaciones y personas afectadas, ¿se atreverán a presentar demandas por daños y perjuicios causados estos 16 meses? ¿Mostrará la empresa propósitos de enmienda para ofrecer carteles inteligentes? ¿Se dará una temporada taurina de consolación y en seguida iniciará la demolición de tan excepcional inmueble? Los complacientes jueces que suspendieron la actividad taurina en las plazas de Guadalajara, Teziutlán y Puebla, ¿deberán anular sus atentos gestos y particulares gustos? Muy pronto lo sabremos.

Ahora, la llamada fiesta brava se vuelve cada día más vulnerable porque en sus escenarios no sucede casi nada apasionante y sus promotores y actores ofrecen un espectáculo predecible, edulcorado y excluyente. Se ha hecho justicia a la empresa de la Plaza México; la que demanda con urgencia la mejor tradición taurina del país, sigue esperando.