xiste una nueva política para tratar y eliminar la impunidad electoral rumbo a los comicios de 2024, aunque falta mucho para que México esté dentro del concierto de las naciones democráticas. En el pasado no existía desde el Estado mexicano una presión real para los actores políticos que intentaban vulnerar el sufragio popular.

Como ejemplo se pueden mencionar hechos concretos impulsados por distintas instituciones para eliminar la impunidad en los procesos electorales. Por lo que toca a los cambios jurídicos, en 2019 se reformó la Constitución para establecer que todo aquel que utilice los programas sociales con fines electorales será merecedor a prisión preventiva oficiosa. Otro cambio muy importante fue la inclusión en la ley penal-electoral del delito que sanciona la violencia política de género, el cual significó un avance en la lucha para erradicar este problema, aunque deberá ser analizado y reformado, pues derivado de tecnicismos jurídicos su aplicación resulta aun muy compleja.

Otro hecho importante es la instalación durante los procesos electorales de las Mesas de Seguridad Interinstitucionales, como la iniciada el pasado martes 5 de diciembre, encabezada por la secretaria de Gobernación, Luisa Alcalde. Participan todas las instituciones del Estado encargadas de la seguridad electoral, incluido el INE. Este tipo de ejercicios han servido para garantizar comicios pacíficos y sin impugnaciones relevantes.

Sin embargo, falta mucho por hacer en materia político-electoral para que la democracia sea una forma de vida en nuestro país. Después del proceso en el que actualmente nos encontramos, será necesaria una reforma radical que sea mucho más realista en el sentido de evitar ficciones y simulaciones. Por ejemplo, se deberá analizar la figura de las precampañas, ya que éstas han sido más bien campañas electorales. Todas las fuerzas compiten con precandidatos únicos, sin una competencia interna.

Estas reformas deberán poner también mayor atención en los procesos internos de los partidos para seleccionar a sus candidatos, pues se ha visto que no han sido totalmente transparentes y dejan más incertidumbres que certezas. Las modificaciones anteriores serían un inicio para eliminar la complicidad en las fuerzas políticas que fingen respetar el marco legal, cuando en realidad se mantienen simulaciones y burlas a las reglas electorales desde que fueron promulgadas.

Colaboró Mario A. Domínguez