Ante la determinación del ministro Javier Laynez Potisek de ordenar suspender la desaparición de los 13 fideicomisos del Poder Judicial Federal (PJF), la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un recurso de reclamación contra esa medida otorgada ilegalmente. Consideró que el propio togado reconoce que el decreto impugnado prevé las medidas necesarias para salvaguardar los derechos laborales.

Esa área del gobierno federal llamó además a la SCJN a honrar la palabra dada por su presidenta, Norma Piña, y destinar los 15 mil millones de pesos acumulados en dichos fideicomisos al apoyo a los damnificados en Guerrero por el huracán Otis.

La tarde de ayer, la CJEF emitió un comunicado en el que sostuvo que con su decisión, el ministro Laynez Potisek interpreta que destinar esos recursos a la reconstrucción de la zona devastada afecta a la ciudadanía.

Hace unas semanas, el Congreso de la Unión autorizó la extinción de esos 13 fideicomisos al modificar la ley orgánica del PJF, ante lo que legisladores de oposición tramitaron una acción de inconstitucionalidad que analizó y resolvió hace unos días Laynez Potisek, al suspender la desaparición de éstos.

Falta de imparcialidad

Ante ello, la CJEF consideró que resulta lamentable que aun cuando el ministro se pronunció públicamente contra las modificaciones a la ley del PJF, no se haya excusado de conocer el caso, lo cual hace evidente su falta de imparcialidad y objetividad, requisitos necesarios en todo juzgador.

Agregó que no es extraño que de manera arbitraria, Laynez Potisek haya suspendido todos los efectos del decreto impugnado, sin importar que la norma disponga expresamente que la admisión de una acción de inconstitucionalidad no puede dar lugar a la suspensión de la norma cuestionada, incluidos las disposiciones transitorias.

Para justificar el otorgamiento de la suspensión, el ministro instructor señala que, de no detenerse la extinción de los fideicomisos, se causaría un daño irreparable al derecho de acceso a la justicia de la ciudadanía, lo cual resulta falso porque la función jurisdiccional está garantizada con los recursos del presupuesto de egresos aprobado por la Cámara de Diputados, subrayó la CJEF.

Además, expuso, el ministro “consideró que el pago de prebendas extraordinarias a los funcionarios del PJF debe permanecer ‘inmune’ frente a la posibilidad de destinar dichos recursos públicos a la ejecución de programas que permitan cumplir el Plan Nacional de Desarrollo”.

Esta posición representa un acto de soberbia y falta de solidaridad institucional, señaló la consejería, y recordó que semanas atrás la propia presidenta de la SCJN públicamente pidió analizar la posibilidad de que los 15 mil millones acumulados en los fideicomisos se destinaran a apoyar a los damnificados por Otis.

Añadió que Laynez también omitió considerar que desde 2018 la Auditoría Superior de la Federación sostuvo que los fideicomisos del PJF no se apegan a los principios de austeridad y racionalidad.