ómo desaparecer a un pueblo y no morir en el intento. Parece ser la consigna del megaproyecto inmobiliario Mitikah, en la alcaldía Benito Juárez, donde impera el neoliberalismo en su máxima expresión, siguiendo paso a paso el reglamento de un manual del despojo. A pesar de la férrea resistencia del pueblo originario de Xoco, el proyecto se levantó y se inauguró el año pasado. Con su operación llegaron las calamidades tan anunciadas por la población de los alrededores. Nadie les hizo caso en el pasado. Parece que nadie les hace caso en el presente. Pero la gente afectada continúa denunciando. No se rinden.

Las cifras del desastre no dejan lugar a dudas. La gigantesca mole conocida como Mitikah contempla un centro comercial de 120 mil metros cuadrados y 280 locales en un complejo de uso mixto que abarca más de un millón de metros cuadrados (el más grande de Latinoamérica). Cada centímetro de este megaproyecto de la clase pudiente expulsa a la población originaria, les arrebata el agua, encarece su vida hasta puntos imposibles, les quita el aire y su cultura.

La lucha del pueblo de Xoco lleva más de una década. Dos de los grandes y cotidianos problemas son la falta del vital líquido y los altos costos de los impuestos administrativos, como el predial.

Por esto y más, el pasado fin de semana, acompañados por el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Prodesc) y por Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México, colocaron un tendedero frente al complejo inmobiliario para exigir que el gobierno capitalino garantice su derecho al agua potable suficiente.

El desabasto, la poca presión e intermitencia del vital líquido ha llevado a las y los integrantes del pueblo de Xoco a esperar el flujo de agua durante la madrugada para poder recolectarla y así satisfacer sus necesidades básicas de consumo e higiene, explicó Prodesc.

Algunos de los pobladores originarios, sin agua y sin recursos para pagar los altos costos, han optado por marcharse. Así desaparece un pueblo por la gentrificación. Pero en Xoco no se ha dicho la última palabra y aseguran que continuarán luchando por su derecho a vivir dignamente en el lugar donde nacieron.

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