Por medio de un aviso publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Congreso capitalino formalizó la suspensión del Plan General de Desarrollo y el Programa de Ordenamiento Territorial.

El jueves pasado, el jefe de Gobierno, Martí Batres, envió un documento para que ambos proyectos fueran retirados a fin de que sean enriquecidos en capítulos que permitan contar con herramientas eficaces con el fin de combatir la corrupción inmobiliaria.

En el documento dirigido a la presidenta de la mesa directiva, Gabriela Salido, pidió el retiro con todos los efectos legales a que haya lugar, pues ayer hubieran entrado en vigor a través de una afirmativa ficta.

A partir de la solicitud oficial de Batres, este viernes fue publicada una gaceta bis con fecha del jueves 7 de diciembre en el que Salido da como retirados ambos documentos, con lo que se consideran asuntos total y definitivamente concluidos.

Beneplácito entre vecinos y activistas

Al conocerse la medida, vecinos celebraron la decisión de las autoridades, a la que consideraron un triunfo de la organización social de los pueblos y barrios originarios, de asociaciones civiles y académicos que hasta el último momento hicieron lo posible con sus protestas por evitar la imposición de proyectos que afectarían la viabilidad ambiental, los bosques y el agua, aseguró el Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca de Anáhuac.

La organización también agradeció a las más de 20 mil personas que dieron su firma para detener tanto el Plan General de Desarrollo como el Programa de Ordenamiento Territorial.

Indicaron que en su momento revisarán a detalle el documento que envíe el gobierno local al Congreso, por lo que advirtieron que en caso necesario continuarán con sus movilizaciones.

Es fundamental que sigamos en la generación de propuestas y alternativas para conformar el territorio que queremos, que sea un lugar para habitar y no para su mercantilización, indicaron.

Asimismo, reiteraron la petición de reponer las consultas –sobre todo a habitantes de pueblos y barrios– que debe realizar el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva.