Guatemala. Miles de guatemaltecos encabezados por el presidente electo, Bernardo Arévalo, marcharon ayer en esta capital contra la corrupción y para exigir la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, que lleva adelante una ofensiva contra él.

Hoy marchamos en unidad por este país que va a florecer a pesar de los corruptos, afirmó Arévalo, de 65 años, quien está bajo acoso judicial por supuestas anomalías en la inscripción de su partido Movimiento Semilla en 2017 y por apoyar la ocupación de una universidad estatal en 2022.

La Marcha por la Democracia recorrió calles del centro histórico y pasó frente a las sedes del Congreso, la Corte Suprema y la Corte de Constitucionalidad, donde los manifestantes, convocados por organizaciones civiles, gritaron fuera corruptos. Desde el pasado 2 de octubre ha habido movilizaciones contra los intentos desde el Poder Judicial de anular la voluntad popular expresada en las elecciones.

Arévalo aseguró que las autoridades han traicionado al pueblo, porque nos han dividido para establecer regímenes que sólo sirven a unos pocos y que marginan y discriminan a todos. Esa democracia débil y frágil que hemos tenido, que ha sido violentada de distintas formas, logró, sin embargo, crear el espacio para que los guatemaltecos habláramos contundentemente y dijéramos ¡ya no más corrupción!

Llamó a la unidad y afirmó que ésta debía construirse a partir de la pluralidad.

Apoyo indígena

A la movilización se unieron las autoridades indígenas, que durante 65 días ha mantenido protestas y plantones frente a la sede del Ministerio Público exigiendo la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, a la que señalan de intentar desconocer el voto popular. Tedy Rafael Zapeta, presidente de los 48 Cantones, la organización indígena más grande del país y que lidera las protestas, aseguró que la pelea es por los derechos de todos.

La comunidad internacional ha mostrado preocupación por la judicialización de los comicios. Estados Unidos, Colombia y la Unión Europea han llamado a respetar los resultados. Ayer, la organización Human Rights Watch pidió al bloque europeo imponer “urgentemente sanciones selectivas, ya sea bajo su régimen global de sanciones de derechos humanos o un régimen de sanciones ad hoc para abordar las interferencias con el proceso electoral”.