n el descaro total, un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Poder Judicial de la Federación) decidió proteger a la parte afectada –Poder Judicial de la Federación– y ordenó suspender la liquidación de 13 fideicomisos… del Poder Judicial de la Federación. Y colorín colorado, el desvergonzado conflicto de intereses no ha acabado.

Javier Laynez Potisek –nominado por Enrique Peña Nieto en 2015, con hueso hasta 2030, y un destacado cruzado en contra de la Cuarta Transformación– es el ministro de la SCJN que, tarareando aquella bonita canción de Acuérdate de Acapulco, Norma bonita, decidió cancelar la decisión de otro poder del Estado, el Legislativo, que extinguió 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación que acumulan más de 15 mil millones de pesos, destinados a mantener a la burocracia dorada –él mismo como parte de ella– del propio Poder Judicial de la Federación. Juez y parte, pues, o si se prefiere un desvergonzado conflicto de intereses.

Mes y medio atrás, el Congreso –cámaras de Diputados y de Senadores– aprobaron por mayoría la extinción de los citados fideicomisos, luego de documentar que los dineros en ellos acumulados no afectaban a la base trabajadora y que su armado resultaba totalmente irregular, comenzando por los excedentes que anualmente debían ser enterados a la Tesorería de la Federación. Pero lejos de regresar un solo centavo, el PJF se dedicó a acumular en beneficio de esa burocracia dorada.

Tras la extinción, el presidente López Obrador planteó a la presidenta de la SCJN, Norma Piña, destinar esos recursos a los damnificados del huracán Otis, y la respuesta, textual, fue: la propuesta que se hace desde el Poder Ejecutivo representa una alternativa real que nos permitirá actuar como Estado en defensa de su población; trabajaremos en conjunto por la recuperación de las personas más afectadas, para devolverles el derecho al futuro que les fue suspendido y buscar asegurarles, en el menor tiempo posible, condiciones de igualdad para continuar con su proyecto de vida.

Eso fue público, pero por abajo del agua y con un enorme plato de sopa de lengua, ella, los ministros y la oposición –mediante acciones de inconstitucionalidad– ya cocinaban cómo dar vuelta a la decisión del Legislativo, y para concretarlo designaron al chef Laynez Potisek, quien rápido y furioso ordenó suspender la liquidación de los 13 fideicomisos, como lo ha hecho con tantas otras decisiones de ese poder del Estado.

La Jornada (Eduardo Murillo) lo reseñó así: “la SCJN ordenó suspender la liquidación de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación aprobada por el Congreso en octubre pasado. La medida cautelar incluye los fondos que maneja el máximo tribunal. La medida cautelar fue aprobada por el ministro Javier Laynez Potisek, al aceptar a trámite las acciones de inconstitucionalidad promovida por senadores y diputados de oposición, y tendrá efecto hasta que la SCJN resuelva el fondo de este juicio constitucional, lo cual demorará meses. El dinero de los fideicomisos no podrá destinarse a los damnificados por el huracán Otis”.

Y en otros asuntos, resulta brillante la decisión de la candidata perdedora Xóchitl Gálvez: armó un equipo… con puros perdedores. Por ejemplo, Santiago Creel (nunca ganó una elección y perdió la candidatura del Frente Amplio por México, al igual que Enrique de la Madrid, El Principito, e Ildefonso Guajardo); Carolina Viggiano (perdió la gubernatura de Hidalgo); Josefina Vázquez Mota (perdió la del estado de México); Blanca Alcalá (perdió la de Puebla); Margarita Zavala (ella y su marido son los reyes de las firmas falsas); Kenia López (a golpe de gritos e injurias, su paso por el Congreso sólo ha sido por la vía plurinominal, lo mismo que Jesús Ortega) y así por el estilo.

Las rebanadas del pastel

Nuevo León es de los estados de la República que se niegan a derogar los delitos por difamación, injuria y calumnia (Ley de Imprenta de Venustiano Carranza, 1917), y de ello se agarró la rehabilitada Tatiana Clouthier (ahora coordinadora de voceros de Claudia Sheinbaum) para denunciar, en Monterrey, desde hace un año, a Alfredo Jalife para que lo encarcelaran por delitos de violencia política y difamación. El hoy imputado permaneció varias horas en la agencia número 50 del Ministerio Público de la Ciudad de México, para después someterlo a revisión médica y llevarlo a regiolandia por petición de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León. ¿Y la Tatis, con piel de terciopelo? Feliz. ¿Y la libertad de expresión? No tanto.

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