Lima. El ex presidente peruano Alberto Fujimori salió ayer de la cárcel donde cumplía una sentencia de 25 años por el asesinato de 25 civiles durante su gobierno, a raíz de una controvertida orden del Tribunal Constitucional que reconoce un indulto presidencial concedido por razones humanitarias en 2017.

El tribunal ordenó ayer su inmediata libertad, pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió al Estado peruano no ejecutar esa disposición hasta que el organismo internacional cuente con los elementos necesarios para analizar si el fallo cumple con todas las condiciones.

La excarcelación requerida antier se demoró por un error de trámite que fue subsanado ayer.

Es la segunda vez que Fujimori, de 85 años, es liberado.

Su primera excarcelación fue la noche de Navidad de 2017, cuando el ex mandatario estaba internado en una clínica por una caída de presión sanguínea y recibió un indulto humanitario del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), cuyo débil gobierno necesitaba el apoyo de parte de la bancada fujimorista.

El indulto fue anulado en 2018 por la Corte Suprema, que lo consideró incompatible con las obligaciones internacionales. Fujimori retornó a prisión en 2019.

En esta ocasión el ex gobernante –quien estuvo en el poder de 1990 a 2000– salió en un vehículo acompañado de su hija mayor, Keiko Fujimori, la líder del partido derechista Fuerza Popular, y de su hijo menor, el ex congresista Kenji Fujimori. Subió a una camioneta gris y se marchó de la cárcel rodeado de cientos de seguidores.

El presidente de la Coridh, Ricardo Pérez Manrique, emitió la noche del martes una resolución de rechazo a la orden de excarcelación en la cual indicaba que era para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las 25 víctimas en matanzas perpetradas durante el gobierno de Fujimori.

El ex mandatario fue condenado en 2009 como autor mediato de dos matanzas cometidas por un escuadrón militar que combatía al grupo terrorista Sendero Luminoso. La primera ocurrió en 1991 en Lima, en una zona pobre llamada Barrios Altos, donde militares encapuchados ingresaron a una fiesta y mataron a 15 vecinos, incluido un niño de ocho años.

La otra se ejecutó en 1992, cuando los mismos militares secuestraron y asesinaron a nueve estudiantes y un catedrático de la universidad Enrique Guzmán y Valle. Los forenses indicaron que los jóvenes fueron torturados, recibieron un tiro en la nuca, sus cadáveres fueron quemados y ocultados en fosas comunes.

Según la sentencia el grupo militar clandestino funcionaba bajo la fachada de una oficina de arquitectura y era financiado por la gestión de Fujimori.

Volker Turk, alto comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, publicó en la red social X que la orden del Tribunal Constitucional de liberar a Fujimori es un retroceso preocupante y añadió que cualquier liberación humanitaria de los responsables de graves violaciones de los derechos humanos debe estar en consonancia con el derecho internacional.

Vivimos en una orfandad porque no tenemos instituciones de ningún tipo capaces de defendernos, declaró a la agencia noticiosa Ap Gisela Ortiz, hermana de una de las víctimas.