Una jueza administrativa falló en favor del consejo consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para que el Senado designe a dos de los comisionados faltantes del pleno del organismo autónomo antes de que concluya el periodo de sesiones el 15 de diciembre.

De acuerdo con el consejo, que ha promovido diversos juicios de amparo por este tema, de no acatar la decisión judicial, los legisladores podrían ser multados o acusados penalmente.

Requerimiento contundente

El pleno del INAI –órgano de dirección del instituto– opera desde abril pasado con sólo cuatro de los siete comisionados que lo deben integrar por ley, pues en 2022 concluyeron su periodo dos comisionados y uno más terminó su encargo en marzo de 2023. Y aunque la Constitución señala que el Senado es el encargado de designar a los relevos de los comisionados, no lo ha hecho.

La jueza Celina Angélica Quintero Rico, titular del juzgado decimoséptimo de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, publicó un requerimiento contundente en relación con el nombramiento de dos comisionados del INAI, en seguimiento a dos juicios de amparo contra la omisión del Senado y el incumplimiento de su obligación constitucional, informó ayer el consejo consultivo.

El Senado ha perdido más de 16 instancias y usado todos los recursos a su alcance para no cumplir con las resoluciones del Poder Judicial en este asunto, indicó el consejo en un comunicado.

Posibles cargos

La jueza Quintero Rico señaló que la mesa directiva y la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado deben someter a votación del pleno el nombramiento de dos comisionados del INAI antes del fin del periodo de sesiones y que tienen tres días hábiles para demostrar que están llevando a cabo los actos para la designación de los integrantes del pleno del instituto.

Un incumplimiento implicará la imposición de multas, de acuerdo con el consejo, que agregó que en caso de que el Senado incumpla de forma dolosa los miembros de la mesa directiva y de la Jucopo pueden incurrir en un delito que amerita hasta 10 años de prisión, multas, destitución e inhabilitación para desempeñar otros cargos.