Washington y Nueva York. El diputado federal Joaquín Castro presentará un proyecto de ley este miércoles que, de ser aprobado, irrumpirá en el tráfico de armas de Estados Unidos a México y otros países del hemisferio, al requerir mayores controles de exportación, mejores datos y mecanismos de rendición de cuentas sobre toda transferencia de armas de fuego.

Hace casi cuatro años, el gobierno de Donald Trump trabajó junto con la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) para hacer flexibles las regulaciones sobre la exportación de armas y con ello inundar el hemisferio occidental con armas hechas en Estados Unidos, afirmó el diputado Castro en una declaración a La Jornada. El Congreso necesita abordar el papel de las exportaciones de armas estadunidenses en impulsar la violencia e inestabilidad en el extranjero.

La Oficina de Contabilidad General, agencia de investigaciones para el Congreso, encontró que secretarías y agencias federales carecen de información y análisis de las redes de tráfico de armas de fuego en México y Centroamérica, que pocos esfuerzos del gobierno de Estados Unidos en el región se enfocan al tráfico de armas de fuego y que, como resultado, tales entes no tienen un entendimiento detallado del tráfico de armas de fuego que nutre la violencia y fortalece a criminales en Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras y México.

Al proponer el proyecto de ley, Castro explicó en un documento que durante el gobierno de Trump, la autoridad para aprobar envíos de armas pequeñas de Estados Unidos a América Latina fue trasladada del Departamento de Estado al de Comercio con su enfoque en promover negocios y así, ofreció un regalo a los cabilderos de armas, pues disminuyeron los requisitos de registro, hubo menos supervisión y más exenciones. Desde que esa responsabilidad fue cedida a Comercio se dispararon 30 por ciento las exportaciones de armas.

El proyecto, llamado ley de monitoreo de ventas de armas a la región de las Américas (Armas, por sus siglas en inglés), requeriría que el Departamento de Estado aprobara o negara licencias para exportar armas pequeñas, que se establezca un sistema entre agencias para rastrear artefactos de fuego y frenar su tráfico, otorgaría al Congreso la capacidad de rechazar ciertas ventas de arsenales y requeriría un constante monitoreo e informes sobre estas actividades.

Proponen una supervisión firme

La ley Armas restablecería una supervisión firme de las exportaciones de arsenales estadunidenses, crearía nexos entre agencias federales para irrumpir el tráfico en el sector y construiría comunidades más seguras para familias en Estados Unidos y en el hemisferio occidental.

Castro presentará el proyecto de ley a la cámara baja junto con los diputados Dan Goldman y Sheila Cherfilus-McCormick, y ya tiene entre sus copatrocinadores a los diputados federales Raúl Grijalva, Jesús Chuy García, Adrián Espaillat, Ilhan Omar, Sydney Kamlager-Dove, James McGovern, Sara Jacobs y Gerry Connolly.

Castro ha sido uno de los promotores más fuertes de controles a la exportación de armas a México y otras partes de América Latina.

El mes pasado promovió la ley de desarme de cárteles, iniciativa contra la violencia de armas de fuego dentro de su propio país.

Todo intento para controlar las exportaciones de armas de fuego en Estados Unidos es particularmente difícil, pues esa nación no ha logrado supervisar el tráfico y uso de esos artefactos dentro de su territorio.

Se calcula que el número de armas de fuego en Estados Unidos en manos de civiles es de 400 millones, más que suficientes para armar a todo hombre, mujer y niño en este país.

Muchas de éstas son ilícitas. Recientemente, la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, agencia federal, reportó que en el periodo de cinco años que concluyó en diciembre de 2021, más de un millón de armas de fuego fueron robadas a ciudadanos estadunidenses.

Las consecuencias superan a las de cualquier otro país desarrollado. En 2022, en promedio, 132 personas murieron cada día debido al uso de armas de fuego. El total anual fue de 48 mil, según el Centro de Control de Enfermedades del gobierno federal. Cuatro de cada 10 muertes fueron calificadas como homicidios con armas de fuego.

En Estados Unidos durante años han habido intentos para promover leyes de control de armas, todos sin éxito.

El Washington Post reportó esta semana que con dos balaceras masivas, una en Texas y otra en el estado de Washington, el país marcó un hito espantoso: ya son 38 los tiroteos masivos en los que cuatro o más personas mueren por bala, el número más alto desde 2006.

Aunque hay apoyo para imponer algunos controles mínimos al comercio y uso de las armas, el electorado no favorece eliminarlas, ya que según NBC News, más de 50 por ciento de los votantes probables en la próxima elección son dueños de armas de fuego.