Lima. El Tribunal Constitucional de Perú ordenó la liberación del ex presidente Alberto Fujimori, quien cumple una condena por abusos contra los derechos humanos, según un documento judicial difundido ayer, días después de que un juez local rechazó dar curso a un indulto humanitario concedido al político hace unos años.

La máxima corte resolvió declarar fundado un recurso para restituir el indulto humanitario y ordenó al instituto penitenciario disponer la inmediata libertad de Fujimori, precisó el documento del organismo.

El ex mandatario recibió el indulto del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski en víspera de la Navidad de 2017. Tras unos meses en libertad fue vuelto a prisión por la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh), tras reclamos de los familiares de las víctimas de abusos.

En 2022, el Tribunal Constitucional emitió otro fallo a favor de Fujimori, pero también fue suspendido.

El ex gobernante, de 85 años, arrastra cuatro condenas judiciales por crímenes de lesa humanidad y corrupción, la mayor de ellas a 25 años de cárcel.

Fue sentenciado por ser autor mediato de la matanza de 25 personas en los casos Barrios Altos en 1991 y la Universidad La Cantuta en 1992, mientras su gobierno enfrentaba a la guerrilla de Sendero Luminoso.

El abogado del ex gobernante, Elio Riera, anunció que es probable que hoy quede en libertad, por la demora de los trámites para hacer cumplir la medida. Él se encuentra muy tranquilo, indicó Riera afuera del penal donde permenece Fujimori.

Inconformidad de activistas

La decisión del Tribunal Constitucional provocó el enojo de activistas defensores de los derechos humanos, que afirmaron que con este gesto Perú estaría entrando en rebeldía ante los organismos internacionales que han pedido justicia para las víctimas de abusos.

Esto es gravísimo para el estado de derecho y va a tener consecuencias jurídicas internacionales, sostuvo Carlos Rivera, abogado de la ONG Instituto de Defensa Legal.

Es un atropello al derecho a la justicia que tenemos los familiares de las víctimas, declaró a la agencia Afp Carmen Amaro, hermana del estudiante Armando Amaro Cóndor, víctima de la matanza de la Universidad La Cantuta en 1992.

Carlos Rivera, abogado de las víctimas de las masacres de Barrios Altos y la Cantuta, aseguró igualmente que la decisión del TC es un punto de quiebre en la relación entre Perú y el sistema interamericano de justicia.

La semana pasada, la Coridh dio al Estado peruano un plazo que vence este miércoles para que le envíe un informe sobre su solicitud de abstenerse de liberar a Fujimori, después de que la máxima corte del país andino abrió el camino para restablecer el indulto humanitario.

El Tribunal Constitucional peruano apunta en su resolución que la solicitud de la Coridh se contrapone con las sentencias que emite la justicia del país sudamericano.

Salvó al país del terrorismo, afirman sus partidarios

Los simpatizantes del ex mandatario lo recuerdan como un líder de mano dura que salvó al país del terrorismo y una crisis económica a finales del siglo pasado, pero sus detractores afirman que fue un déspota que disolvió el Congreso en 1992 y violó los derechos humanos para mantenerse una década en el poder.

Un grupo de fujimoristas llegaron hasta el penal con camisetas con la frase Fujimori libertad.